Las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno central atraviesan un buen momento, pero no tanto como para que desaparezcan completamente los conflictos. El Consell Executiu, que se reunió ayer bajo la presidencia de Josep Bargalló -Pasqual Maragall estaba en China-, acordó formular un requerimiento de incompetencia al Gobierno por el reglamento aprobado en julio para regular la responsabilidad penal de los menores.
El Ejecutivo catalán sostiene que el reglamento "invade las competencias de la Generalitat" al contener una "regulación completa de las normas de convivencia y funcionamiento interno de los centros", detallar el régimen disciplinario y no tener en cuenta el derecho civil catalán.
En la reunión de ayer, el Gobierno autónomo aprobó varias partidas para reforzar su vertiente social. Entre otras medidas, acordó adelantar 37 millones de euros a la empresa pública GISA para ampliar 15 centros de infantil y primaria, incrementar en un 30% los complementos retributivos por méritos de docencia al profesorado universitario y destinar 30 millones de euros a los municipios para la financiación de servicios sociales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de octubre de 2004