Empiezan las reformas. El plazo para que los municipios presentaran sus solicitudes con vistas a rehabilitar zonas urbanas deprimidas expiró el pasado viernes a medianoche. Presentaron peticiones 54 localidades. Una de ellas, Barcelona, para dos zonas, Santa Caterina y Roquetes. El Gobierno catalán financia dos tercios de las obras, y los municipios y la iniciativa privada el tercio restante. En total, 600 millones de euros. Predominan las poblaciones del área metropolitana de Barcelona. Sólo las comarcas del Ebro han dejado de presentar solicitudes.
El presupuesto del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas para financiar las obras previstas en la ley de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requiera una atención especial es de 99 millones de euros. Cada uno de los años siguientes de la legislatura los presupuestos consignarán una cantidad similar. Es decir, 396 millones para financiar dos tercios del coste de las obras. Los municipios se comprometen a aportar o conseguir una cantidad que sume la mitad de la aportación gubernamental.
El objetivo es frenar procesos de degradación o compensar a los barrios históricos o polígonos creados durante la última fase del franquismo que carecían de equipamientos y servicios. El secretario de Planificación, Oriol Nel.lo, asegura que el Ejecutivo busca cambiar la tendencia de estos núcleos y frenar el éxodo de algunas familias.
El anuncio de la rehabilitación tiene que servir para elevar los precios. "Si en otras zonas frenar el precio de la vivienda es uno de los objetivos, en éstas se busca todo lo contrario", explicó tras la aprobación de la ley, producida en mayo de este mismo año.
La Generalitat prevé que este año se podrá proporcionar ayudas a unos 10 o 12 barrios. Han presentado solicitud 54 municipios, aunque en total hay 55 proyectos, ya que Barcelona ha presentado el correspondiente a la reforma de Santa Caterina y de Roquetes.
De los barrios que se rehabilitarán, 25 se hallan en poblaciones correspondientes al área metropolitana de Barcelona. Dos poblaciones se hallan en la zona pirenaica, mientras que las comarcas de Lleida han presentado seis proyectos. Cinco poblaciones están en Tarragona y siete en Girona. Las nueve restantes corresponden al territorio de la Cataluña central (véase el mapa adjunto). El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, en su defensa de la ley en el Parlament la definió como un proyecto de optimismo y esperanza, mientras que Nel.lo ha defendido que se trata de acabar con el abandono de estos núcleos. Ayer, Nel.lo aseguró que la convocatoria envía un triple mensaje: "A los vecinos, para decirles que no se permitirá que ningún barrio se deteriore ni se rompa la convivencia; a los ayuntamientos, para transmitirles que el Gobierno no los dejará solos ante los nuevos problemas sociales; al mercado, para mostrar que en ningún caso se permitirá que se produzca un deterioro del patrimonio de las familias y de la colectividad".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 24 de octubre de 2004