La introducción de un nuevo modelo en la gestión de las interrupciones de embarazo por la Consejería de Sanidad desde el verano de 2003 provocó una reducción del acceso público a este servicio el año pasado. Así lo denunció ayer la diputada socialista María José Mendoza, que destaca que entre enero y julio de 2003 -cuando aún estaba en marcha el sistema anterior- los abortos que corrieron a cargo de Sanidad fueron el 46,1%, mientras que entre agosto y diciembre la cifra descendió al 28,6%. "Los datos de estos primeros meses de vigencia del modelo anterior reflejan el descenso de la accesibilidad de mujeres al sistema público", apunta la diputada.
Sanidad comentó que con el nuevo modelo pretendía aprovechar los recursos públicos y practicar estas intervenciones en centros de la red asistencial de la consejería, que apenas realizaba intervenciones. Según Mendoza, este cambio "no ha sido capaz de resolver el problema". La gratuidad "es un elemento fundamental de accesibilidad, por lo que la tendencia debería ser la de un aumento de la prestación pública".
La diputada socialista, que hizo estas declaraciones a partir de los datos remitidos por la consejería en una respuesta parlamentaria, censura también el hecho de que Sanidad no haya respondido a todas las cuestiones planteadas, como la falta de datos relativas al año 2004. El departamento que dirige Vicente Rambla, señala, tampoco remitió información desglosada de si las intervenciones subvencionadas habían tenido lugar en hospitales públicos o en clínicas privadas concertadas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 26 de octubre de 2004