Los presidentes de las Audiencias Provinciales concluyeron ayer sus jornadas de debate en Valencia. Sobre violencia doméstica, reclaman, por ejemplo, más medios para los juzgados, más dispositivos de protección a las víctima y un control ligado a la conducta en caso de suspender una condena. Por otra parte, el CGPJ trasladará al Ministerio de Justicia propuestas de modificación legislativa sobre discapacidad.
El régimen orgánico del Presidente de Audiencia Provincial, la comunicación, la violencia doméstica, los concursos a la carrera judicial y el sistema de módulos han sido objeto de debate durante tres días por los presidentes de la Audiencias Provinciales de España reunidos en Valencia. El documento de conclusiones que presentaron ayer, acto en el que estuvo presente el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, recoge las valoraciones a propósito de cada uno de ello.
Los jueces reclaman una "completa regulación legal y reglamentaria" de las funciones del Presidente de Audiencia, la correspondiente relación de puestos de trabajo para la unidad administrativa de asistencia al presidente y presupuestos para gastos de representación.
Piden, además un cambio en las denominaciones para la provisión de plazas a las audiencias provinciales y consideran erróneo el sistema de módulos que sólo premia el volumen de sentencias y no plazos o contenidos.
Pacificación
El debate sobre violencia doméstica se ha plasmado en un documento de ocho puntos. Entre ellos destaca la necesidad de activar medidas de concienciación social a través del sistema educativo, tratamiento de medios de comunicación y regulación de publicidad. Se considera importante profundizar en el conjunto de factores que intervienen en los procesos de violencia doméstica y se apuesta por la creación de mecanismos de detección precoz. Asimismo, se interesa la utilización de las instituciones de mediación familiar, el aprovechamiento de la próxima reforma del código Penal para potenciar "la pacificación" de los procesos matrimoniales sin necesidad de que se exija la culpabilidad de unos de los cónyuges.
Los jueces piden que se extiendan más los mecanismos electrónicos de control de las víctimas para su mayor y mejor protección. Creen que debe reforzarse la aportación en el proceso penal de pruebas diferentes de la declaración de la propia víctima y entienden que en las condenas por violencia doméstica la suspensión o sustitución de pena debe condicionarse al seguimiento de reglas de conducta.
Por otra parte, Javier Lardón clausuró también ayer unas jornadas sobre Justicia y discapacidad. Las conclusiones serán trasladadas al Ministerio de Justicia como propuesta de modificaciones legislativas que humanicen los procedimientos de incapacitación a través de expedientes únicos, comparecencias únicas, un lenguaje alejado de la controversia y la reducción de plazos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de octubre de 2004