La advertencia de los abogados valencianos de recurrir a medidas de presión para que la Administración afronte la deuda contraída con ellos por los servicios de atención al detenido y a presos desde los turnos de oficio ha dado resultado. Al menos sobre el papel, Víctor Campos, vicepresidente de la Generalitat Valenciana y secretario del Consell, firmó ayer la aprobación, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, de "una línea de crédito de los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2004 de 7.000.000 de euros y 700.000 euros con el fin de subvencionar a los abogados y procuradores de turno de oficio la asistencia al detenido o al preso".
La partida afrontará algo más de seis millones de euros del turno de oficio de abogados y más de 600.000 de procuradores. El ingreso efectivo respecto de los 3,2 millones de euros que se debe a los abogados valencianos de las tres provincias por las 50.000 asistencias realizadas entre abril y junio se hará en los próximos días; el otro, aunque las certificaciones del tercer trimestre ya están giradas a Justicia, no tiene fecha fija. La línea de crédito frena las presiones anunciadas por los abogados y afronta un pago global del que Fernando de Rosa, secretario de Justicia, sólo anunció el pasado jueves el pago de 600.000 euros y no de la factura completa.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de noviembre de 2004