La Consejería de Empleo ha aprovechado el primer reparto de fondos que realiza la Junta para financiar escuelas-taller, talleres de empleo y casas de oficios para compensar el trato de favor del anterior Gobierno (PP) a los municipios populares. La última distribución aprobada por Eduardo Zaplana en diciembre de 2003, entonces ministro de Trabajo, asignó el 45% de los programas a pueblos dirigidos por el PP, que apenas gobierna en el 19% de los ayuntamientos andaluces. Ahora, el reparto de la Junta, el primero tras el traspaso de competencias, destina a los municipios dirigidos por el PSOE (el 58,5% de los pueblos andaluces) el 66,7% de los programas, frente al 17% que logran las localidades del PP.
El Gobierno y la Junta firmaron en mayo de 2003 el traspaso de las políticas activas de empleo, una transferencia largamente reclamada por el Ejecutivo andaluz, aunque el traspaso no se hizo efectivo hasta enero de este año. Más de la mitad de los 240 millones de euros anuales que el Ministerio de Trabajo asigna a Andalucía para desarrollar estas políticas tienen por objeto financiar programas mixtos de empleo y formación que gestionan administraciones locales (municipios y mancomunidades) y, en menor medida, entidades sin ánimo de lucro.
Antes del traspaso, la Junta y el PSOE habían criticado al anterior Gobierno por primar a municipios dirigidos por el PP en el reparto de fondos para esos programas mixtos de empleo y formación. Unas críticas que se endurecieron en diciembre de 2003 porque el Ministerio de Trabajo aprobó, a un mes del traspaso efectivo, un último reparto de fondos que intensificó el trato favorable a ayuntamientos populares. Así, los pueblos gobernados por el PP (147, el 19% de las localidades andaluzas) lograron el 45% de los 136 programas adjudicados, mientras que los dirigidos por el PSOE (448, el 58,5% de las localidades andaluzas) sólo consiguieron el 37,5% de esos programas.
Además, ese último reparto del Ministerio de Trabajo condicionó la primera distribución de fondos que debía realizar la Junta en 2004, al desarrollarse varios programas durante más de un año. Para realizar esa distribución, la Consejería de Empleo realizó en marzo una convocatoria pública de propuestas y acaba de aprobar la asignación definitiva de 212 programas. "Es un reparto que se ha hecho en función, básicamente, de la realidad del desempleo de cada provincia y no del color político", aseguró ayer en conferencia de prensa el consejero de Empleo, Antonio Fernández, quien tildó de "sectario" y "partidista" el anterior reparto aprobado por Eduardo Zaplana.
El consejero de Empleo informó de que los 212 programas adjudicados por su departamento serán subvencionados por la Junta con 97 millones de euros, de los cuales 73 se asignan a programas que deben empezar este año. La directora general de Fomento del Empleo, Esperanza Perea, precisó que la cantidad global repartida para estos programas es de 154 millones de euros, pero que el resto ya fue adjudicado por el Ministerio de Trabajo en diciembre de 2003.
Fernández indicó que, con esta distribución, la Junta "compensa el reparto injusto" realizado por el Gobierno del PP. Esa compensación lleva a la Junta asignar el 66,7% de los programas ahora repartidos a municipios del PSOE , mientras que adjudica al PP el 17,2%. Las diferencias son más acusadas si se analizan las dos modalidades más relevantes: los pueblos socialistas se llevan el 80% de las escuelas-taller (que pueden durar dos años) y el 70% de los talleres de empleo.
Criterios técnicos
Tras dos repartos tan opuestos, el consejero hizo referencia a los datos globales para mantener que ahora hay una distribución equilibrada: si se suman los 136 programas asignados por el anterior Gobierno y los 212 ahora decididos por la Junta, resulta que los pueblos del PSOE han desarrollado o desarrollarán el 55% (sólo tres puntos menos que su representación territorial), mientras que los municipios del PP ejecutan el 28% de los programas (nueve puntos más que su representación territorial).
Aunque no rehuyó esta lectura política, el consejero de Empleo hizo hincapié en el "esfuerzo normativo" realizado por su departamento por establecer los criterios técnicos que, según Fernández, se han utilizado en este reparto y se usarán a partir de ahora. El consejero enfatizó que muchos de estos criterios no se aplicaban antes por el Inem y son "pioneros" en comparación con otras comunidades que gestionan las políticas activas de empleo hace años.
El consejero explicó que, a la hora de seleccionar a los casi 5.000 alumnos que se beneficiarán de estos programas, se tendrá en cuenta si la escuela-taller, taller de empleo o casa de oficios en cuestión se ajusta a los itinerarios de inserción laboral establecidos por el Servicio Andaluz de Empleo para los demandantes de puestos de trabajo. También se primará a determinados colectivos, como las mujeres desempleadas, los parados de larga duración, los jóvenes sin formación o los inmigrantes en situación regularizada.
En cuanto a la selección de los proyectos, se ha establecido como criterios la relación de su actividad con planes integrales de empleo, la posibilidad de prácticas empresariales al término del programa, la calidad del plan formativo, el equipamiento e instalaciones que ofrece la entidad gestora, el carácter innovador de las propuestas o la adaptación de la enseñanza y el trabajo a discacapacitados. Además, el Servicio Andaluz de Empleo diseñará las convocatorias públicas para contratar profesores y gestores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de noviembre de 2004