El modelo de financiación vigente -pactado en julio de 2001 por el Gobierno y las 15 comunidades autónomas de régimen común y en vigor desde 2002- logró una mejora de la autonomía financiera al sustituir transferencias estatales por recaudación directa. Se amplió la cesión de impuestos.
En el sistema vigente, las autonomías tienen competencia normativa sobre el 33% del IRPF (antes era del 30%), el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol y los hidrocarburos, además del 100% de los de energía y matriculación. Se trata de una cesta de impuestos más inmune a la variación de uno solo, y de la que se excluyó únicamente el impuesto de sociedades.
Sin embargo, el sistema es complejo para determinar la necesidad del gasto, no se produce una aproximación de la financiación per cápita y la corresponsabilidad fiscal se limita a las deducciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de noviembre de 2004