La junta que agrupa a los 33 jueces de instrucción de Barcelona se manifestó ayer de manera unánime en contra de la creación de los juzgados de violencia contra las mujeres por considerar que resultarán ineficaces para cumplir la función que se les asigna. Los magistrados entienden que esos juzgados nacen de manera injustificada, por lo que aumentará la burocracia, se dispersará la respuesta judicial y se colapsarán "de forma casi inmediata".
A la declaración de la junta de jueces de instrucción de Barcelona acordada por la mañana siguió por la tarde una reunión convocada por la juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, a la que asistieron 10 de los 24 decanos de la provincia de Barcelona, que se comprometieron a discutir la cuestión en las juntas de cada partido judicial. Otro cinco decanos anunciaron que se sumarían a lo que se decidiese.
En síntesis, los jueces de Barcelona consideran que los actuales juzgados de instrucción ya resuelven eficazmente las denuncias por malos tratos y que los nuevos juzgados sólo generarán problemas. Del mismo modo, los jueces entienden que si los juzgados de violencia deben resolver también procesos civiles de separación, eso "parece poco compatible con su finalidad pacificadora o conciliadora en los conflictos familiares".
La junta de jueces recuerda que en su día fracasaron las experiencia piloto de juzgados de violencia doméstica desarrolladas en Elche, Orihuela y Alicante cuando, además, sólo tenían competencias penales. Los jueces censuran también que los nuevos juzgados sólo investigarán las denuncias de las mujeres, algo que no pasa en ninguna otra jurisdicción, y recuerdan que en muchos ocasiones agresores y agredidas se cruzan denuncias que ahora se acumulan en un mismo juzgado.Eso provocará, dicen, una duplicidad de actuaciones, "con el riesgo de que se produzcan resoluciones contradictorias".
La presidenta del Observatorio sobre Violencia Doméstica, Montserrat Comas, aseguró ayer que respeta la decisión de sus compañeros de Barcelona y añadió "no tener ninguna duda de que acatarán y aplicarán la ley que surja del Parlamento".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de noviembre de 2004