El portavoz del grupo de Esquerra Unida-L'Entesa en las Cortes Valencianas, Joan Ribó, remitió ayer al presidente de la Cámara, Julio de España, del PP, un escrito en el que le advierte de que recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional (TC) si ve lesionados de nuevo sus derechos como parlamentario por lo que considera un "uso partidista" del Reglamento a la hora de tramitar iniciativas de su grupo. Ribó relata en su escrito que en el último año su grupo ha visto rechazadas o demoradas varias iniciativas. Así, cita la pregunta al presidente de la Generalitat sobre la imputación del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que fue rechazada por la Mesa de las Cortes por defecto de forma. Ribó señala que pese a que rectificó en plazo el enunciado de la misma, la nueva pregunta fue también rechazada. El grupo de EU-L'Entesa recurrió, pero la Mesa no ha respondido. La pregunta tenía que haber sido contestada antes de las elecciones generales de marzo, pero el "uso partidista" de la Cámara que denuncia Ribó lo impidió y finalmente entró en el pleno después de los comicios.
"Nos hemos cargado de paciencia, pero tenemos la obligación ante nuestros electores de advertir al presidente de que si continúan las cosas así nos veremos obligados a utilizar los mecanismos correspondientes", dijo Ribó, quien considera que el PP "utiliza ilegítimamente su mayoría" para no cumplir las normas de la Cámara y, por tanto, incumple "normas básicas de un sistema democrático", lo que le pone en situación de "indefensión".
Yacimiento de L'Ènova
Por otra parte, el consejero de Cultura, Alejandro Font de Mora, dijo ayer en el pleno de las Cortes, al responder a una pregunta del diputado de EU-L'Entesa Ramon Cardona sobre la protección de la villa romana descubierta en L'Ènova, que en este caso los técnicos dicen que la mejor forma de proteger ese yacimiento es cubrirlo. Cardona instó al consejero a iniciar la declaración del yacimiento como BIC, porque si no se adopta ninguna decisión "el AVE simplemente pasará por encima".
En otra pregunta, sobre los sobrecostos de la construcción de colegios por la empresa pública Ciegsa, el consejero negó la mayor. "No hay sobrecostes" y cada centro que se construye "cuesta lo que vale y vale lo que cuesta", dijo Font de Mora, quien aludió a desfases en los costes de colegios en la época de gobierno del PSPV. El diputado socialista Andrés Perelló le instó a investigar lo que sucede en Ciegsa "si no quiere ser cómplice" de lo que calificó de "corrupción".
Por su lado, el consejero de Sanidad, Vicente Rambla, preguntado por el retraso en los pagos a proveedores, aseguró que éstos tienen "el mismo trato" que en otras comunidades. Alfred Botella, de EU-L'Entesa denunció que el Consell tarda una media de 700 días en pagar a los proveedores sanitarios, a los que adeuda 600 millones de euros, y que el retraso ha obligado a pagar 240 millones sólo por demora, por no pagar a su hora las facturas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de noviembre de 2004