Silvio Berlusconi tuvo que dar un paso atrás en su plan para reducir los impuestos y en su objetivo de bajar la cuota máxima del impuesto sobre la renta desde el 45% al 39%. Enfrentado a la oposición, a los partidos de su coalición y a su propio ministro de Economía, el presidente del Gobierno italiano se vio obligado a aplazar hasta 2006, por lo menos, la reforma y a conformarse en 2005 con un nuevo sistema de desgravaciones que, según cálculos gubernamentales, debería permitir a los contribuyentes con hijos a su cargo un ahorro de unos mil millones de euros.
Berlusconi anunció ayer que también se reduciría por la vía de las desgravaciones, ya desde el año próximo, el impuesto sobre sociedades para las empresas pequeñas, y quedarían exentas de impuesto todas las inversiones en investigación. "Yo habría preferido lo contrario, reformar inmediatamente el impuesto sobre la renta y abordar el año próximo la fiscalidad sobre las empresas, pero parece que ahora mismo la única vía posible pasa por favorecer la competitividad", comentó el propio Berlusconi pasada la medianoche del miércoles, cuando concluyó una reunión de los jefes de partido de la coalición conservadora dedicada a alcanzar un pacto sobre cuestiones fiscales.
El ministro de Economía, Domenico Seniscalco, le había hecho notar a Berlusconi que en estos momentos era imposible reducir los impuestos sin reducir en igual cuantía el gasto público, y que el margen, con Italia ya en el límite de déficit presupuestario establecido en el Pacto de Estabilidad europeo (3% del PIB), era muy estrecho. La patronal Confindustria insistió en que el problema italiano más urgente se centraba en la competitividad empresarial.
Las previsiones italianas de crecimiento económico para 2005, cifradas en un escaso 1,9%, quedaron ayer mismo en entredicho al rebajarlas el Fondo Monetario Internacional al 1,7%, lo que reduciría la recaudación fiscal y estrecharía aún más el margen para cualquier reforma.
Pese a la modestia de las iniciativas fiscales para el próximo año, seguía sobre la mesa el problema de cómo reducir gastos o aumentar ingresos. Los democristianos propusieron una idea que, en principio, no fue mal acogida: gravar con un céntimo cada mensaje de telefonía móvil, que permitiría al Estado ingresar 270 millones de euros adicionales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de noviembre de 2004