Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) cerraron ayer el acuerdo sobre los Presupuestos con un encuentro político al más alto nivel en La Moncloa, en el que participaron el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de ERC, Josep Lluis Carod, y el secretario general del partido, Joan Puigcercós. Zapatero se comprometió con los dirigentes de ERC a reconocer oficialmente que en España sólo hay tres idiomas cooficiales, o lo que es lo mismo, que el catalán y el valenciano son una misma lengua. Esta declaración se realizará en los próximos días.
Con este acuerdo se zanja el malestar suscitado la pasada semana en ERC, cuando Zapatero entregó a la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea cuatro textos traducidos de la Constitución europea. Dos de ellos eran iguales, pero uno señalaba que era en catalán, y otro en valenciano. Carod Rovira amenazó con retirar el apoyo de ERC a los Presupuestos del Gobierno Zapatero si el Ejecutivo no aclaraba que el valenciano no era una lengua distinta del catalán o, dicho de otra forma, que sólo existen tres lenguas cooficiales en España -euskera, gallego y catalán-, además del castellano.
En la reunión de ayer, celebrada de una a dos de la tarde, que en La Moncloa calificaron de "cordial", resuelta con un "entendimiento total" y realizada a petición de Puigcercós, Carod recordó a Zapatero la reunión que mantuvieron en septiembre, en la que el líder republicano reiteró al presidente del Gobierno que el valenciano no es distinto del catalán. También le recordó que todos los expertos universitarios coinciden en ello, incluida la Real Academia de la Lengua, y que en España sólo cinco universidades se dedican al estudio del catalán, frente a 19 en Alemania.
Los dirigentes republicanos catalanes insistieron a Zapatero que no se conforman con un declaración aislada de un portavoz, sino que precisan de una declaración institucional del Gobierno de reconocimiento del catalán como lengua cooficial junto con el euskera y gallego ante la opinión pública nacional y europea. Dicha declaración se materializará en un memorándum, que previsiblemente presentará el ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, ante la Comisión de Asuntos Generales de la Unión Europea, que se reúne el 22 y 23 de noviembre en Bruselas. En ese texto se incluirán todos los aspectos técnicos del reconocimiento de las lenguas cooficiales, y especialmente los pasos necesarios para que los ciudadanos puedan dirigirse a las instituciones europeas en las lenguas cooficiales. Será el Gobierno español, según las últimas negociaciones, quien se encargue de traducir los textos y enviar a Bruselas las dos versiones, y de traducir también la respuesta de la UE.Dicho encuentro del 22 y 23 de noviembre aprobará el memorándum de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Carod Rovira y Puigcercós insistieron a Zapatero en que permanecerán atentos al memorándum que presente el Gobierno.
Fuentes de ERC admitieron que se había alcanzado un acuerdo, aunque prefieren esperar unos días para ver cómo se concreta esa declaración formal del Gobierno sobre la unidad del idioma catalán. "No nos fiamos del talante, queremos hechos", señalaban en este grupo. Estas mismas fuentes insistían en la necesidad de que esa declaración quedara oficializada por escrito, para que no quede margen de duda.
Votación de los Presupuestos
De momento, nada hace pensar que los Presupuestos corran algún riesgo. Ayer, en una maratoniana jornada, la comisión que estudia las cuentas generales del Estado dejó clara la unidad entre el PSOE, ERC e Izquierda Verde, con el apoyo puntual de Coalición Canaria. Una tras otra, las votaciones, salvo algunas mínimas discrepancias, unían a estos grupos contra el PP, que vio cómo quedaban rechazadas todas sus enmiendas.
El PSOE aprovechó este trámite, que no es el último, porque la próxima semana las cuentas entrarán en el Pleno y podrán modificarse a última hora, para aprobar algunas nuevas enmiendas de sus socios, no incluidas en el pacto anterior. La más importante de ellas consiste en el compromiso obtenido por Izquierda Verde de que al menos 125 millones de euros de la partida destinada a fondos FAD estén condicionados por criterios estrictos de ayuda oficial al desarrollo. Estos créditos son muy polémicos, porque están controlados por los gobiernos locales, y no siempre se destinan realmente a la ayuda al desarrollo. El PSOE rechazó, sin embargo, una enmienda de IU-ICV en la que se pedía retirar la sobrefinanciación de 30 millones de euros que cada año el Estado da a la Iglesia como adelanto por el porcentaje de IRPF y que ésta nunca devuelve.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de noviembre de 2004