El descontento social causado por la corrupción de las autoridades, la delincuencia y la indefensión de los ciudadanos aumenta en el Cáucaso ruso, donde el malestar generado por la guerra de Chechenia y la tragedia de Beslán se ha complicado con nuevos focos de tensión. El último de ellos es la pequeña república de Karacháyevo-Cherkesia, donde una manifestación de miles de personas acabó con el asalto y el saqueo el martes del despacho del presidente local, Mustafá Batdíyev, en la ciudad de Cherkess. Los manifestantes seguían protestando ayer pidiendo la dimisión de Batdíyev, al que acusan de complicidad en el asesinato colectivo de varios empresarios.
El malestar en Káracháyevo-Cherkesia tiene su origen en la desaparición el 10 de octubre pasado de siete accionistas de una fábrica de cemento, controlada por Alí Kaítov, diputado del Parlamento de aquella república y yerno de Batdíyev. Los accionistas, descontentos con la gestión de la fábrica, desaparecieron tras haber sido invitados a la villa de Kaítov. Sin embargo, la policía local no mostró especial interés en descubrir su paradero hasta que los familiares de los desaparecidos penetraron por la fuerza en la villa del yerno del presidente y descubrieron huellas de sangre, casquillos de balas e impactos en los árboles del jardín. Posteriormente se descubrió una fosa común, con varios cadáveres desmembrados y quemados con gasolina, la mayoría de ellos irreconocibles. Kaítov fue detenido, y Batdíyev, tratando de minimizar el daño, anunció el divorcio de su hija y del empresario. Sin embargo, los parientes de los muertos quieren conclusiones de más envergadura.
Se descubrió una fosa común con cadáveres quemados, la mayoría de ellos irreconocibles
Públicamente, el Kremlin, embarcado en una reforma política que permitirá nombrar y cesar a los dirigentes locales, ha mantenido una posición de neutralidad, pero los parientes de las víctimas piden ayuda y acusan a sus dirigentes de frenar y obstaculizar la investigación con el fin de proteger a Kaítov y librarlo de responsabilidades. Desde la prisión donde se encuentra, éste habría sacado 23 millones de euros de sus cuentas bancarias para comprar a los jueces de instrucción, informaba el diario Kommersant.
Dimitri Kózak, el representante de Vladímir Putin en la región del Norte del Cáucaso, ha intervenido en este asunto, que pone a prueba su habilidad. El 21 de octubre, Kózak consiguió convencer a los manifestantes de que se dispersaran, pero el Kremlin no atendió la petición del Parlamento local para que destituyera a los responsables de la policía y los ánimos no se han calmado.
La historia de Karacháyevo-Cherkesia podría ser un ejemplo de lucha clásica entre clanes locales. Sin embargo, hay quien intenta darle otras dimensiones. El diario Komsomólskaya Pravda, próximo a los órganos de seguridad, presentaba a Batdíyev como un elemento imprescindible en la lucha contra el extremismo islámico. Oriundos de Karacháyevo-Cherkesia han figurado entre los acusados de algunos de los atentados más brutales vividos por Rusia en los últimos años, como la voladura de bloques de viviendas en Moscú en 1999 y el atentado en el metro de la capital este año. Batdíyev ha sido condecorado por su contribución contra el terrorismo y el extremismo político en el Caúcaso del Norte.
La práctica de encargar artículos a favor o en contra de distintas causas está muy extendida en Rusia, lo que hace difícil decir si Batdíyev es tan imprescindible como le pintan. El caso, sin embargo, evidencia uno de los graves problemas con los que se topa hoy el Kremlin en provincias conflictivas, a saber, la posibilidad de presionar a Moscú que poseen dirigentes corruptos, ineficaces o implicados en graves violaciones de derechos humanos, en nombre de sus supuestos méritos en la lucha contra el terrorismo, la estabilidad o la paz entre distintas comunidades étnicas. Ejemplos de ello existen en Kalmykia y Bashkiria, por no hablar ya de Chechenia. Si Moscú cede y aparta del poder a Batdíyev, aunque sea de forma provisional, los habitantes de Ingushetia o de Osetia del Norte pueden exigir que también sus dirigentes sean destituidos. Ayer, el presidente de esta última república, Alexandr Dzasójov, tuvo que calmar los ánimos de manifestantes llegados desde Beslán. Éstos pedían una investigación internacional del acto terrorista que concluyó con la muerte de más de 300 personas, la mayoría de ellas niños, en la escuela de aquella ciudad y exigían relevos en la policía.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de noviembre de 2004