La Hacienda de Vizcaya introducirá el próximo año la figura de la caducidad para liquidar una deuda fiscal. La medida, inédita en España y que copia la legislación de los länder alemanes, obliga a la Administración foral vizcaína a cobrar las deudas de los contribuyentes en un plazo máximo de seis años. En caso contrario, prescribirán. Esta es una de las novedades de la Norma Foral General Tributaria aprobada el martes por el Consejo de Gobierno foral, cuya entrada en vigor se calcula para el próximo 1 de julio.
Responsables y técnicos de Hacienda llevan casi un año trabajando en la nueva legislación, sustituta de la vigente desde 1986, que ha sufrido diversos cambios para adaptarse a la normativa estatal o las propias modificaciones de estructura del fisco vizcaíno. El diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, explicó que la caducidad se complementará con un cambio en la prescripción fiscal, que se eleva de tres a cuatro años y vuelve a la situación anterior a 2000, equiparándose a Guipúzcoa y Álava y al resto de España. Esta reducción de los plazos llevó a la Abogacía del Estado a plantear en 2001 un recurso que fue desestimado por el Tribunal Superior vasco y está pendiente ahora de resolución del Tribunal Supremo. Iruarrizaga argumentó que el periodo de cuatro años "favorece mejor la lucha contra el fraude fiscal", porque, según dijo, inducirá a declarar a contribuyentes remisos a hacerlo. Sin embargo, calificó de "correcta" la decisión de hace cuatro años de reducir el periodo de prescripción y rechazó que esa medida haya favorecido la defraudación. "No creemos que haya sido negativo", valoró.
El diputado, quien negó que este cambio esté vinculado al litigio judicial pendiente, sí admitió que servirá para regularizar las "posibles discrepancias" con las otras dos diputaciones vascas. La nueva norma tributaria contempla elevar la horquilla máxima de sanciones desde el 50% al 200% -ahora no pasa del 150%- y la aplicación de embargos preventivos en el área de recaudación en los casos de contribuyentes que intenten eludir o despistar a Hacienda. Esta medida evita esperar a que termine el procedimiento administrativo.
El proyecto incentiva la declaración voluntaria por parte del posible defraudador al establecerse un único recargo del 5% sobre la deuda y las reducción entre un 50% y un 70 % (actualmente es un 40%) de las sanciones, en caso de acuerdo de conformidad con el contribuyente. Esta disminución no afectará en ningún caso a la cuota liquidada ni los intereses de la deuda reclamada, precisó el diputado foral.
Además, se incluye la llamada responsabilidad solidaria para atajar los intentos de los deudores de endosar su patrimonio a terceras personas, se unifica en un mes los plazos para las reclamaciones y pago de deudas tributarias, y se refuerzan las competencias del área de gestión, que podrá revisar la contabilidad de los contribuyentes. Junto a ello se flexibilizará la concesión de aplazamientos o fraccionamientos para deudas inferiores a 6.000 euros con un plazo de seis meses. "El objetivo general es facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y la persecución del fraude", insistió José María Iruarrizaga.
La nueva normativa requerirá la redacción de cuatro reglamentos. Según el calendario diseñado, este mes se debatirá en las Juntas Generales, en el primer semestre se adaptarán los sistemas de gestión, y la entrada de vigor se ha fijado para el 1 de julio, con lo que no afectará a la campaña de la renta del próximo año.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de noviembre de 2004