Recibo una carta del Inem para confirmarme un curso para "mejorar mis posibilidades de inserción laboral" en un campo profesional para el que me estoy capacitando. Cuando me presento en el centro privado al que he sido adscrito, me encuentro con la absoluta imposibilidad física de acceder al mismo: resulta que hay bastantes escaleras y yo padezco una minusvalía del 83% por espina bífida. Ante mi reclamación, nadie parece saber a quién corresponde la responsabilidad de esta situación ni quién debe solucionar este problema. Finalmente me asignan un segundo centro que, para mi gran sorpresa y mayor indignación, presenta idénticos problemas de accesibilidad.
En los últimos tiempos no son pocos los responsables políticos de todas las administraciones que se ponen públicamente medallas por mejoras en las condiciones de vida de personas en mi situación o similares. Las medallas las veo, las mejoras no. ¿No es su responsabilidad garantizar el "derecho universal a la educación" también para mí? ¿No deberían, por tanto, contemplar la accesibilidad para los minusválidos como requisito a la hora de realizar las concesiones de estos cursos financiados con fondos públicos a las entidades y centros privados? ¿Dónde queda mi inserción personal y social?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de noviembre de 2004