El Departamento de Educación pretende reducir el déficit que actualmente arrastra la Universidad del País Vasco (UPV) creando un nuevo complemento de productividad que sustituya al actual, origen del 60% de la deuda de la institución universitaria. De los 32,6 millones de euros de déficit, 20 se deben al pago del complemento que ordenó el anterior rector, Manuel Montero, que no disponía de fondos suficientes para ponerlo en marcha, según la consejera de Educación, Anjeles Iztueta. La futura Agencia de Evaluación determinará qué profesores cobrarán el plus.
La consejera desglosó ayer durante casi tres horas ante la comisión de Economía del Parlamento los presupuestos que ha preparado su departamento para el próximo año. Además de Iztueta, desfilaron por la comisión a lo largo del día los titulares de otros cuatro departamentos. La financiación de la UPV centró una parte importante de la intervención de Iztueta, ya que dos días antes el actual rector, Juan Ignacio Pérez, había afirmado, también en la Cámara, que la universidad pública se encuentra en una situación "crítica" debido a la penuria económica que soporta y que conlleva que algunos edificios del campus de Leioa se encuentren en un estado "lamentable y dramático". Las cuentas del departamento para 2005 destinan 194 millones de euros a la UPV, el 11,35% del gasto total de la consejería.
El rector ha solicitado por carta a la consejera una subvención extraordinaria o permiso para endeudarse. Iztueta no dio ayer ninguna respuesta a esta petición, pero dejó caer su deseo de que en la fase de enmiendas la oposición presente propuestas que ayuden a "mejorar" las cuentas tanto de la UPV como de su departamento en general.
Iztueta atribuyó los problemas de la UPV a dos circunstancias. En primer lugar, citó los 110 millones de euros que el departamento debe dedicar a los programas de investigación porque el Ministerio de Educación no ha transferido esa competencia a la comunidad y no paga la parte que le corresponde. "Con ese dinero de más podríamos hacer más cosas por la Universidad", apuntó. En segundo lugar, culpó del déficit al anterior equipo rectoral, que dio permiso para pagar el complemento de productividad. Este plus es el origen de todos los males, según la consejera. Sin embargo, el pasado lunes el rector no vinculó los problemas económicos de la UPV al complemento. "Las causas van más allá", recalcó Pérez.
Sobre el estado de algunas facultades, que "se caen a pedazos", según el rector, la consejera recordó que en 1998 se aprobó el plan plurianual de inversiones para la UPV, que contemplaba un gasto de 75,13 millones de euros hasta 2002. "El plazo se ha tenido que alargar hasta 2005 porque la Universidad no ha podido gastar el dinero previsto", indicó Iztueta, quien se mostró sorprendida por las quejas de Pérez. Departamento y UPV firmarán el próximo año el nuevo plan plurianual. De momento, los presupuestos reservan siete millones para obras en 2005.
Dos delegaciones
Los presupuestos de Educación ascienden a 1.897 millones, el 26,66% del total del Gobierno. Entre sus principales objetivos, la consejera citó el desarrollo de las escuelas infantiles de 0 a 3 años con la creación de 1.000 plazas.
La vicelehendakari y consejera de Hacienda, Idoia Zenarruzabeitia, fue la primera en abrir las comparecencias, que se prolongarán durante la jornada de hoy hasta completar todas las consejerías. Zenarruzabeitia recordó que el proyecto de Presupuestos suma 7.117 millones de euros, un 6,8% más que este año. El Gobierno ha previsto un gasto de 200,6 millones en actuaciones sobre competencias no transferidas a la comunidad.
Las cuentas de Presidencia permanecen casi inamovibles. Cerca de la mitad del dinero (un 47%), irá a parar a Acción Exterior, que aumenta un 10% sus asignaciones y manejará 10,3 de los 22 millones totales, según informa Isabel C. Martínez. La cifra incluye lo destinado a la apertura de dos delegaciones más en el extranjero. Lo más destacado del presupuesto de Presidencia es la supresión de la partida de 1,6 millones que incluyó en 2003 y 2004 para el Observatorio de Derechos Humanos, en lo que tiene de significación política por lo que supone de renuncia al emblemático proyecto de Ibarretxe.
El consejero de Interior, Javier Balza, anunció que su departamento ha presupuestado en el año 2005 un total de 60 millones de euros para sufragar la seguridad prestada por empresas privadas a personas amenazadas por ETA. El presupuesto global de la consejería asciende a 509 millones de euros. El titular de Vivienda, Javier Madrazo, fue el último en comparecer. La consejería pretende construir el próximo año 8.000 viviendas de protección oficial con los 150 millones de euros con que cuenta y el capital disponible en las distintas sociedades en las que participa, como Visesa, Orubide y Alokabide, con lo que el dinero a gastar estos proyectos alcanzará los 415 millones de euros.
Coincidiendo con la presentación de los presupuestos por parte de los departamentos, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas hizo público ayer su informe de fiscalización de las cuentas de la Administración Gneeral vasca de 2002. La auditoría reprocha al Ejecutivo que no incluyera en la liquidación de las cuentas una referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nula la ley vasca que completaba la prórroga presupuestaria de ese año.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de noviembre de 2004