Es lamentable observar el silencio con el que se está produciendo en España la privatización del tren, que supone la definitiva desaparición de Renfe como empresa pública. Así, el silencio mediático y la complicidad de los sindicatos CC OO y UGT repercute en la ignorancia por parte de los usuarios del tren, y de la sociedad en general, de las consecuencias que tendrá la entrada en vigor el 1 de enero de 2005 de la Ley del Sector Ferroviario: cierre de líneas al dar prioridad al beneficio empresarial sobre la rentabilidad social, aumento de precios promoviendo un transporte elitista e insostenible basado en la alta velocidad, mayor posibilidad de accidentes al separar en empresas diferentes el cuidado y construcción de las vías del transporte...
Todo ello supone la pérdida de un servicio público esencial como debe ser el tren, pues no todos tenemos coche y es, sin duda, un transporte que contamina el medio ambiente mucho menos que el coche. Además, la privatización de Renfe muestra el apoyo del PSOE a las políticas económicas neoliberales y antisociales promovidas por el PP: pues la citada Ley del Sector Ferroviario fue aprobada por el PP en la anterior legislatura, solicitando el PSOE, en la oposición, su retirada. Ahora ya en el Gobierno, el PSOE apuesta por olvidar sus compromisos y poner en vigor dicha ley en el 2005.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de diciembre de 2004