El prestigio de los políticos españoles es superior al de los de la España caciquil de la Restauración. Sin embargo, no habría que descartar una pronta equiparación si prosigue la degradación de la vida política. Ayer, como culminación de un proceso impresentable, una moción de censura apoyada por dos tránsfugas de un partido local arrebató la alcaldía de León al socialista Francisco Fernández para dársela a Mario Amilivia, del PP. El desprestigio deriva, sobre todo, de la tranquilidad y buena conciencia con que los dirigentes de ese partido han amparado la operación.
El punto 2 del Pacto Antitransfuguismo, suscrito por el PP y otros 12 partidos en 1998, compromete a los firmantes a "impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas". Eso es lo que ha ocurrido en León, donde dos tránsfugas procedentes de la Unión del Pueblo Leonés han sumado sus votos a los del PP para cambiar la mayoría que venía gobernando la ciudad desde las municipales del año pasado. Por supuesto, siempre hay algún pretexto, pero los esgrimidos por la dirección del PP para negarse a suspender la moción de censura, como le exigían los demás firmantes del Pacto de 1998, son fútiles: que su partido había sido el más votado, y que no se trata propiamente de transfuguismo porque los dos que apoyaban la moción habían sido expulsados de su partido.
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Los intercambios de descalificaciones recientes entre el nuevo alcalde y el tránsfuga principal -se han llamado entre sí payaso, fascista o cáncer del PP, entre otras lindezas- fueron recordados en el pleno de ayer, añadiendo sordidez a este proceso, en el que tampoco han faltado acusaciones de soborno y otras formas de corrupción. Lo peor de la política a escala local, personificado por el tránsfuga en jefe de la operación, se ha dado cita en el caso. Hay antecedentes de operaciones similares en beneficio del PSOE, pero es la primera que ocurre desde las elecciones últimas en una capital de provincia, y la primera ocasión en que la reunión de la Comisión de Seguimiento reunida para tratar el caso se limita a constatar su impotencia ante la negativa del PP a aplicar lo que la letra y el espítitu del pacto señalan.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 4 de diciembre de 2004