Jueces de Ecuador se atrincheraron ayer en sus puestos y se negaron a acatar la renovación del Tribunal Supremo decidida ayer mismo por el Parlamento del país. La policía de Ecuador empleó gases lacrimógenos para dispersar las protestas que motivó la destitución de numerosos jueces y les impidió entrar en sus oficinas.
El presidente ecuatoriano, Lucio Gutiérrez, logró que el Congreso renovase la Corte Suprema de Justicia, y de rebote dio un golpe de gracia a la oposición, que aparentemente controlaba esa función del Estado. Gutiérrez consiguió que 52 de entre los 100 diputados que forman Parlamento unicameral declararan vacantes los 31 escaños de la Corte Suprema y designaran a los nuevos magistrados. La sesión extraordinaria fue convocada por el mismo Gutiérrez.
El presidente del Tribunal Supremo, Hugo Quintana, se encerró en su despacho y se negó a abandonar su puesto, asegurando que sólo sería sacado de allí por la fuerza. Un grupo de jueces también se negó a dejar sus puestos. "Hemos decidido ignorar la resolución del Congreso porque es inconstitucional e ilegal", dijo Quintana. La policía desalojó finalmente a los miembros del Supremo.
Los nuevos magistrados de la Corte provienen de grupos independientes y afines a la mayoría del Congreso, mientras que los destituidos eran cercanos al opositor Partido Social Cristiano. Aunque Gutiérrez lo niega, la oposición teme que tras la reorganización de la justicia se allane el camino para el retorno de Bucaram a Ecuador, donde es acusado de presunta corrupción durante su corta Administración entre agosto de 1996 y febrero de 1997.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de diciembre de 2004