El acuerdo firmado ayer es el segundo documento en 11 años que suscriben las cadenas para proteger a los menores de la telebasura. La declaración de principios firmada en 1993 por el Ministerio de Educación y Cultura, las consejerías de educación de las comunidades autónomas y todas las cadenas (TVE, autonómicas y privadas) se ha convertido con el tiempo en papel mojado.
Los firmantes declaraban su voluntad de evitar la difusión de mensajes o imágenes que pudieran vulnerar "de forma gravemente perjudicial" los valores relacionados con la protección de la infancia y la juventud respecto a la violencia, la discriminación, el sexo, el consumo de drogas o el lenguaje.
Cinco años después de la firma, la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid realizó un estudio para evaluar su grado de cumplimiento. El grupo de trabajo llegó a la conclusión de que las cadenas habían advertido los peligros derivados de hacer un mal uso de la televisión. "Algunas", decía, "prevén un cambio de filosofía" de su programación para ajustarse al convenio incluyendo elementos de calificación de los programas para advertir a los espectadores de su idoneidad para los diferentes tramos de edad. El informe advertía de que dichas señales "deberían permanecer" a lo largo de todo el programa. "De esta forma, si los niños ven la televisión en horarios dirigidos a los adultos tanto por su contenido como por su horario de emisión, la responsabilidad no será de las cadenas de televisión sino de los padres que lo permiten. Por ello, convendría concienciarles del peligro que puede tener su permisividad".
Este informe proponía la creación de un consejo superior de los medios audiovisuales encargado de analizar, valorar, juzgar y sancionar los contenidos de las cadenas, tal y como recomendó por unanimidad el Senado. Nueve años después, esta autoridad independiente es todavía un proyecto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de diciembre de 2004