Ocho ayuntamientos de otros tantos partidos judiciales de Alicante han respondido con ofertas concretas al protocolo para condenados a trabajos en beneficio de la Comunidad impulsado por el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, en colaboración con el decanato y la Fiscalía. La posibilidad de que los impongan como castigo principal trabajo sociales a condenados por delitos leves cuya pena no supere el año de prisión o, excepcionalmente los dos, está recogida en la última reforma del Código Penal, vigente desde el día 1 de octubre. "Sin embargo, teníamos un problema: no había ofertas concretas para los castigados a trabajos sociales y así ejecutar la sentencia", dijo Magro. "De ahí, que hayamos impulsado este protocolo para evitar que los condenados queden impunes por falta de medios", añadió.
Magro celebró ayer una reunión con la decana de Alicante, Montserrat Navarro, y el fiscal jefe, José Antonio Romero, para ultimar el protocolo, pionero en la judicatura española. Los ayuntamientos que han ofrecido propuestas -básicamente trabajos relacionados con la limpieza viaria y medioambientales- son los de Alicante, Ibi, Onil, Villena, Sant Vicent del Raspeig, Alcoi y Torrevieja.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 11 de diciembre de 2004