Hace ya tiempo que el lehendakari y el PNV han interiorizado que, salvo sorpresa de las grandes, la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi -el plan Ibarretxe- no logrará el día 30 en el Parlamento vasco la mayoría absoluta (38 votos de 75) requerida para su aprobación. Es más, desde que por el mes de octubre se convencieron de que, definitivamente, ETA no iba a permitir a Batasuna aportar a los grupos del Gobierno tripartito los votos que necesita -el PNV, EA y la Ezker Batua de Javier Madrazo controlan 36 parlamentarios, mientras que el grupo de Arnaldo Otegi tiene seis tras la fuga de Josu Ternera; el PP, 19, y el PSE-EE, 13-, comenzaron a ver sólo ventajas en la circunstancia de que el plan abanderado por el lehendakari no salga aprobado "ahora".
Si fuera aprobado el plan, su utilización por el 'candidato' Ibarretxe como instrumento en la inminente campaña electoral vasca perdería eficacia
Entiéndase bien, no es que Ibarretxe y su partido prefieran la derrota. De hecho, darían por buenos los votos decisivos de Batasuna, siempre que fueran gratis total. A lo que no están dispuestos es a conceder a Otegi lo que la formación ilegalizada pide insistentemente: un reconocimiento político en forma de negociación sobre el contenido del plan -lo impide el compromiso (pero no sólo) del lehendakari de evitar acuerdos con quien no condena la violencia- o, en su defecto, la votación por separado del preámbulo y del texto articulado del Nuevo Estatuto. La propia ETA ya anticipó en octubre de 2003 que le agradaba la música soberanista de la declaración inicial -Euskal Herria, Pueblo Vasco, siete territorios, derecho a decidir y a ser consultado-, pero repudia que puedan utilizarse esos resortes para otro acuerdo "con España", por mucho que sea de libre asociación.
Batasuna, desarbolada
Con tales condicionantes, y con el objetivo apenas disimulado de seguir nutriéndose en las próximas elecciones autonómicas del depósito de votos que todavía conserva una Batasuna desarbolada, el alineamiento de ésta en el "no" al plan junto al Partido Popular y los socialistas resulta incluso apetecible para el nacionalismo institucional. De ahí que, mientras Joseba Egibar apela en positivo a la conciencia abertzale (patriótica) de Otegi y los suyos, desde el Gobierno ya se les adelanta la factura electoral al avisarles de que "tendrán que explicar su postura de no permitir lo que vienen reclamando desde siempre, que los vascos puedan decidir".
El voto negativo de Batasuna, aunque traiga en lo inmediato la derrota parlamentaria del plan, anticipa beneficios para el PNV y EA, al ofrecerles una línea de ataque muy eficaz contra ella en las elecciones autonómicas de mayo. Unos comicios en los que Ibarretxe espera conseguir la mayoría absoluta que ahora no tiene en el Parlamento vasco para llevar a cabo sus designios sin las actuales cortapisas. Y esa aspiración pasa porque la izquierda abertzale no pueda presentar una candidatura por aplicación de la denostada (por el nacionalismo) Ley de Partidos, y que las formaciones del tripartito se lleven al menos tres de los siete escaños que Batasuna consiguió en 2001 y que quedarían a repartir entre las fuerzas que concurran en las autonómicas de mayo.
Por el contrario, la aprobación ahora de la propuesta con el respaldo gratuito del grupo de Otegi va en contra de los intereses políticos inmediatos del lehendakari. Por un lado, porque refuerza la percepción de su plan como un proyecto nacionalista dudosamente integrador y habría prosperado, además, gracias a una formación supeditada a los designios de ETA. Y de otra parte, porque activaría el mecanismo para la tramitación de la Propuesta de Estatuto Político en las Cortes Generales, abriendo un calendario cuyo control quedaría fuera de las manos de Ibarretxe, en contra de lo sucedido hasta ahora.
En septiembre de 2003, antes de presentar el texto del plan, Ibarretxe adelantó en el Parlamento vasco ese procedimiento, que sólo en parte se atiene a lo establecido para una teórica reforma estatutaria, que es como se está tramitando. Planteaba que, "de forma simultánea con la remisión del proyecto aprobado a las Cortes Generales", se abriría un "proceso de negociación con el Gobierno español, que debería culminar en un tiempo no superior a seis meses". Al cabo de ese tiempo se procedería a "la ratificación en referéndum" por la sociedad vasca "del Pacto Político alcanzado con el Estado" o, en su defecto, del "proyecto aprobado por mayoría absoluta por el Parlamento vasco". Es cierto que la condición adicional de que debe celebrarse "en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones" permitía aplazar a voluntad la convocatoria de la consulta. Pero no cabría demorar la remisión de la propuesta aprobada al Congreso de los Diputados, como establece el artículo 46 del Estatuto de Gernika.
En tal caso, su utilización por el candidato Ibarretxe como instrumento en la inminente campaña electoral perdería eficacia y, por añadidura, los plazos perentorios exigidos a las Cortes y al Gobierno central podrían volverse en su contra cuando quien está en La Moncloa no es el inflexible José María Aznar, sino el abierto y dialogante José Luis Rodríguez Zapatero. Son algunas razones que hacen preferible para el Gobierno vasco la opción de que el plan decaiga en el Parlamento de Vitoria el penúltimo día del año, confiando en la proverbial capacidad del nacionalismo para convertir sus derrotas en victorias.
Habrá que ver, sin embargo, si lo diseñado para aquella coyuntura de choque e incomunicación funciona en la actual de apertura a la reforma consensuada de estatutos y de la propia Constitución. "Pase lo que pase, el lehendakari habrá cumplido su palabra de que el proyecto se vote en esta legislatura", apunta un colaborador de Ibarretxe, quien ya ha indicado que la próxima girará en torno a la consulta. En cualquier caso, al lehendakari va a resultarle difícil seguir publicitando su rechazado plan como un pacto "para la paz y la convivencia". Sobre todo si no ha logrado integrar a quienes se quedaron en 1980 extramuros del Estatuto de Gernika (Batasuna), al tiempo que expulsa de su marco alternativo a quienes no se consideran nacionalistas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de diciembre de 2004