La tercera no fue la vencida. Tres años de revisión de los contratos de servicios públicos resultaron insuficientes para que el Gobierno de Argentina se pusiera de acuerdo con las operadoras. La discusión, que debía finalizarse este mes se acaba de aplazar hasta diciembre de 2005, dos meses después de las elecciones legislativas de la mitad de la gestión de Néstor Kirchner. Por cuarto año consecutivo, funcionarios y empresarios volverán a discutir de tarifas, inversiones y demandas ante los tribunales internacionales. La dificultad del cometido se demuestra al analizar que sólo se ha cerrado un acuerdo entre el Gobierno y un servicio público de energía con la estadounidense AES.
De los 62 contratos en revisión desde 2002, sólo se ha cerrado la negociación de un tercio, la mayoría concesionarias de autopistas de peaje
Néstor Kirchner ha prometido al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, un 'gesto' con las empresas españolas
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El Congreso argentino sancionó a fines del mes pasado la tercera prórroga de la Ley de Emergencia Económica, que comenzó a regir en 2002 en plena crisis nacional, entre la devaluación del peso y la desdolarización y congelación de las tarifas. La extensión de la norma implicó que se alterara el plazo que hace más de un año se había fijado el Gobierno de Néstor Kirchner para solucionar los diferendos con las compañías privatizadas. La resignación prevalece en este colectivo, que incluye firmas de capital español como Telefónica, Edesur (Endesa), Gas Natural BAN, Metrogas (30% de Repsol YPF, pero controlada por la británica BG) y Aguas Argentinas (25% de Aguas de Barcelona, Agbar, pero en manos de la francesa Suez).
El Gobierno de Kirchner, no obstante, anhela estrechar las relaciones con el de José Luis Rodríguez Zapatero y prueba de ello es que este fin de semana viajan a Madrid el jefe del Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, y la propia primera dama, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, para encontrarse con empresas españolas. El titular de la filial argentina de una de ellas espera que finalmente en la visita de Zapatero a Buenos Aires, el mes próximo, se concrete el gesto de buena voluntad hacia esas compañías que Kirchner le prometió en septiembre pasado al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
Contratos en revisión
De los 62 contratos en revisión desde 2002 sólo se cerró la negociación de un tercio, la mayoría de ellos correspondientes a concesionarios de autopistas con peaje. A principios de año, el Gobierno de Kirchner inició una serie de aumentos de las tarifas de energía, pero que sólo recompusieron los números de los sectores que no se consideran servicios públicos, los de los generadores eléctricos -Endesa es uno de ellos- y los productores de gas -Repsol YPF es el principal-, pero no los de distribuidores -como Edesur- o a los transportadores. La Secretaría de Energía propuso el martes último una adecuación definitiva de los precios y los costes de la generación eléctrica entre 2005 y 2006 a cambio de la inversión en una o dos nuevas centrales.
El Gobierno aún deberá discutir el nivel de las subidas, que las empresas anhelan que alcance hasta el 50%, mientras que sólo Endesa ha manifestado su intención de participar en las próximas usinas. En producción de gas ya se firmó un acuerdo de reajuste paulatino de precios hasta su liberalización en 2006.
La amenaza de escasez de gas se sorteó este año y todo indica que sucederá lo mismo el próximo, mientras las eléctricas alertan sobre una crisis de su sector para 2007 si los precios se mantienen en niveles que desalienten nuevas inversiones que requieren planificarse en el largo plazo.
Sólo se selló un acuerdo entre el Gobierno y un servicio público de energía, Edelap, la compañía de la ciudad de La Plata (49 kilómetros al sur de Buenos Aires) que está en manos de la norteamericana AES. Se trata de un caso testigo, según los funcionarios. El pacto contempla un único aumento de tarifas del 15% en 2005, una nueva revisión de precios al año siguiente, el perdón de las multas por deficiencias en el servicio y la renuncia de AES a la demanda que mantiene contra Argentina en un tribunal del Banco Mundial por la ruptura contractual de 2002.
Las demás empresas eléctricas consideran "inviable" este modelo de acuerdo por su carácter transitorio a cambio de desistir para siempre de las querellas. Casi todos los accionistas de privatizadas han iniciado reclamaciones ante el Banco Mundial, que totalizan 17.000 millones de dólares, pero el Gobierno juzga que sólo constituyen un elemento de presión.
Las eléctricas sólo se explican el acuerdo de Edelap porque esta empresa acumulaba tantas multas que estaba al borde de la rescisión del contrato o porque a AES le interesa sembrar buenas semillas con el Gobierno para cosechar concesiones en el sector de generación, su principal negocio.
El Gobierno de Kirchner llegó a mediados de este año a convenios transitorios con Aguas Argentinas y las telefónicas. Ambos pactos han mantenido los precios en la nevera, caducan este mes y las empresas se resignan a que se renueven por otro semestre mientras se negocia el contrato definitivo. Sin embargo, Telefónica y su competidora, la ítalo-argentina Telecom, han estado las últimas dos semanas más ocupadas por la huelga de sus trabajadores en demanda de aumentos de las nóminas -consiguieron un 20% y una paga navideña de 125 euros-, estabilidad laboral y garantías contra la tercerización de servicios.
Reglas de juego
Las compañías españolas esperaban que el gesto que Kirchner le prometió a Moratinos se tradujera en nuevos contratos que establecieran un horizonte claro para la evolución de sus tarifas, pero el Gobierno de Argentina ha respondido con la admisión de algunos cambios en el proyecto de ley de régimen nacional de los servicios públicos, cuestionada por las privatizadas porque cambia las reglas de juego establecidas en la década anterior.
Un asesor de De Vido reconoció que finalmente se permitirá el ajuste automático de las tarifas y se aclarará el concepto de que los operadores obtengan una "renta razonable". Mientras no se defina este marco general, de poco servirá que se avance en las negociaciones contractuales, según las empresas.
Un director de una compañía de energía atribuye la nueva postergación de las discusiones con el Gobierno a que Argentina está abocada a la salida de la suspensión de pagos declarada hace tres años. En cambio, un alto funcionario de Planificación recuerda que la cuestión de las tarifas es la segunda exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país suramericano, después de la reestructuración de la deuda, y por tanto el Gobierno se reservará este naipe para cuando deba volver a sentarse a negociar un nuevo acuerdo con el organismo que dirige Rodrigo Rato, previsiblemente en marzo próximo, después del canje de los bonos impagados por los nuevos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de diciembre de 2004