UGT y CC OO sitúan la recuperación del diálogo social en el núcleo de la convocatoria de la manifestación contra la destrucción de empleo y por el impulso de la industria tradicional valenciana que se celebrará mañana en Valencia. La convocatoria incluye una reivindicación de la cohesión social que los sindicatos consideran amenazada por la vocación empresarial que impregna toda la política del Consell.
Las manifestaciones celebradas en Elche y Elda a mediados de octubre y principios de noviembre pasados en defensa del empleo en el sector del calzado constituyen los prolegómenos de la convocatoria sindical de mañana en Valencia.
Las dos centrales mayoritarias reiteraron ayer a través de un comunicado la necesidad de revisar un modelo productivo agotado, denunciaron la "ausencia" que caracteriza la actitud del Consell hacia cualquiera de sus demandas, pero reiteraron una invitación al diálogo social en el seno de la mesa de Plan Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (Pavace).
Rafael Recuenco, secretario general de UGT, explicó que "el diálogo no consiste en tener un encuentro con el presidente de la Generalitat para que nos coloque su plataforma -que si el agua del Ebro, que si nos atacan con la lengua- y que nosotros demos una cabotá". El dirigente de UGT recordó que, hace más de un año, las dos grandes centrales presentaron a la Generalitat un informe sobre la situación de los sectores tradicionales de la industria manufacturera valenciana que anticipaba muchos de los problemas que han aflorado desde entonces. Y añadió que las reivindicaciones planteadas por las dos grandes centrales para incorporarlas al presupuesto de la Generalitat para 2005 son "propuestas concretas para sectores concretos" que han sido todas rechazadas. Recuenco citó que la posibilidad de subvencionar un punto y medio del interés de los créditos que concede el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a las pequeñas empresas había sido bien acogida por miembros del Consell, pero tampoco fue aceptada. "Sólo miran hacia la Copa del América y pasa desapercibido que Oscar Mayer deja a otros 200 trabajadores en la calle en La Ribera", resumió.
Las centrales recuperan también la exigencia de una renta mínima garantizada, una potestad de los gobiernos autonómicos, para paliar la exclusión social y la ruina que atenaza a muchos hogares.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 14 de diciembre de 2004