¡Han borrado los discos duros! Es una noticia internacional: la presidencia del Gobierno saliente de España, el del popular Aznar, contrató a una empresa de informática para que borrase los discos duros de los ordenadores. Es posible que al mismo tiempo se hicieran copias para ellos mismos y se las llevaran. No hay antecedentes de nada. Dicen que es un hecho nuevo y no se sabe cómo calificarlo: no lo es, porque los discos duros y los borrados y vuelcos existen desde hace mucho tiempo, y porque la desaparición de papeles públicos sí parece un delito. No hay diferencia: el disco duro no es más que un archivo de documentos que se pueden imprimir en cualquier momento. El precedente más conocido es el de los embajadores que queman sus papeles antes de que llegue el enemigo: pero son guerras entre países. Pero en un relevo de gobierno en la democracia se entiende que no hay enemigos sino un cambio de la opinión pública.
También se hace en las empresas: antes de despedir a un responsable se precipitan sobre su ordenador y se lo quitan. Muchos se enteran así de su desgracia. Antes se enteraban, a veces, porque cuando iban a dejar su coche en la plaza reservada el guarda les advertía que ya no era suya. En esos medios, caer en desgracia es verdaderamente horrible. En las sorpresas de la policía a las bandas, terroristas o traficantes, forma parte rapidísima incautarse de los ordenadores: aunque luego no sepan traducir su contenido si está en idiomas que consideran raros, aunque no lo sean. Quién sabe si el gran delito de marzo hubiera podido detenerse a tiempo si las escuchas telefónicas hubiesen sido traducidas a tiempo.
Pero todo esto se refiere a una guerra, a un asunto privado o a un delito; se puede insistir en que los documentos públicos de un gobierno de ocho años, específicamente de las oficinas de la presidencia, no son de quienes los borran sino de la nación y de sus nuevos administradores. No veo verdadera novedad en la cuestión, y la técnica y sus derivados, hasta ahora, no son más que prótesis con las que alargar y mejorar el proceso humano. Disco duro o papeles, en este aspecto, no son variables sino una sola cuestión. Lo que ignoro es qué podría decir un juez si recibiese una denuncia en ese sentido; o si el fiscal general lo consideraría un delito de los que se persiguen de oficio. Según, claro, qué juez, qué fiscal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 16 de diciembre de 2004