El acuerdo alcanzado por la SEPI y los sindicatos para resolver el futuro de los astilleros públicos se ha logrado después de un año de negociaciones y un cambio de Gobierno de por medio. Las ayudas públicas concedidas por el Gobierno del PP entre los años 1997 y 2000 y la fusión en este último año de los astilleros civiles (Aesa) y los militares (Bazán) para crear Izar, con la incorporación de ayudas públicas en la misma operación de fusión, generaron un problema de viabilidad que se ha tardado meses en arreglar.
El antiguo equipo de la SEPI se enfrentó con los sindicatos de Izar el pasado mes de enero por la firma del convenio de la empresa en unas negociaciones que encallaron y en cuyo transfondo se encontraba la amenaza de la UE de reclamarles las ayudas ilegales y de las que el antiguo equipo de la SEPI nunca informó. Las movilizaciones sindicales se sucedieron y ambas partes mantuvieron un pulso que sería la antesala de futuras negociaciones para la reconversión.
El PP lo retrasó
El anterior Gobierno del PP sabía que la Comisión Europea avanzaba con sus expedientes sobre ayudas ilegales, pero esperaba a que en las elecciones de marzo pasado renovara su mandato para abordar el asunto. Incluso, contaba con planes concretos de cierre de cinco astilleros, recortes de plantilla y ventas de centros. Sin embargo, el vuelco de las elecciones traspasó el problema al nuevo Gobierno del PSOE y a los nuevos responsables de la SEPI, a cuyo frente el Gobierno puso a Enrique Martínez Robles, mientras en Izar nombraba a Juan Pedro Gómez Jaén.
El 12 de mayo pasado llegaba la primera comunicación de la Comisión obligando a devolver 150 millones de ayudas consideradas ilegales. Junto con otros expedientes, el total de ayudas ilegales se elevan a 1.200 millones. Desde el primer momento, la actual SEPI le expuso a los sindicatos la gravedad del problema. Como los recursos propios de Izar ascienden a 270 millones, la exigencia legal de la Comisión llevaría la empresa a la quiebra. Ante la imposibilidad de ampliar capital en Izar, porque las ayudas autorizadas por Bruselas en 1996 para la anterior reconversión de los astilleros se dieron con la condición inexcusable de que fueran las últimas, la salida no era otra que la liquidación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de diciembre de 2004