Diversas fuentes consultadas ayer y conocedoras de la situación coincidían en recordar que Feria Valencia no puede asumir todo el coste de su ampliación, que en conjunto es de 650 millones de euros, el doble de lo previsto en el proyecto inicial.
Las obras están divididas en dos fases, la primera por valor de 325 millones, de los cuales hasta el momento Feria asegura que aporta el 64% del gasto que hay que ir afrontando; la segunda, por la misma cantidad, que el presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, dijo el jueves que aportará por completo la Generalitat, aunque ésta lo niega y limita su papel al avalista.
Las fuentes consultadas, en este sentido, recordaban que Feria Valencia facturó en el último ejercicio 75 millones y obtuvo un beneficio de algo más de 14 millones de euros. Si, finalmente, no es capaz de afrontar todas sus obligaciones, el avalista (en este caso la Generalitat) es quien debe hacerles frente y asumirlas, recordaban.
También ayer, la alcaldesa de Valencia y presidenta del Patronato de Feria Valencia, Rita Barberá, confirmó que Catalá explicó el jueves en rueda de prensa que la Generalitat aportará el 100% del coste de inversión de la segunda fase de ampliación del reciento, por valor de 325 millones. La alcaldesa se limitó a afirmar: "Lo que dijo ayer [jueves] Catalá lo escuchamos todos". Las palabras de Barberá se producen en plena polémica sobre la financiación de la segunda fase de estas obras. Horas después de que Catalá explicara que la Generalitat asume el coste, la Consejería de Economía negó el extremo y aseguró que se limitará a avalar las distintas operaciones financieras -Esteban González Pons, portavoz del Consell, insistió ayer en este papel-. Fuentes de la propia Feria, el jueves por la tarde, rectificaron las palabras de Catalá.
Catalá detalló que la financiación de la segunda fase se realizará, por un lado, con un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 62 millones de euros, que se firmó ayer y está avalado por la Generalitat. El préstamo tiene un plazo de 25 años, incluidos cinco de carencia (en los que no se realizará pago alguno). El pago de los 263 millones restantes dependerá del mercado financiero y el IVF estudiará las mejores ofertas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 18 de diciembre de 2004