El Congreso de los Diputados tiene previsto celebrar un Pleno extraordinario el próximo 11 de enero para cumplir el trámite de autorizar la convocatoria del referéndum de ratificación del Tratado de la Constitución europea, fijado en España para el 20 de febrero, según fuentes parlamentarias.
La Constitución española fija en su artículo 92 que los referendos serán convocados por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno y con la autorización previa del Congreso. Este trámite se cumplirá sin problemas, ya que todos los partidos están de acuerdo con que se realice esta consulta sobre la Carta europea.
El real decreto de convocatoria deberá aprobarse como muy tarde a mediados de enero para que se cumplan los plazos fijados en la Ley de Referéndum de 1980. Con motivo de esta consulta, el Ejecutivo realizará una campaña institucional. Los partidos políticos también harán campaña para dar su opinión sobre el Tratado constitucional de la UE al electorado, y la mayoría de ellos quiere que el Ejecutivo les ayude a financiar estos actos.
Dinero para la campaña
Con este objetivo todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, han presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que piden al Gobierno que ponga a disposición de las formaciones con representación parlamentaria una asignación económica "suficiente" para que puedan realizar "campañas informativas" sobre la Constitución europea
En el texto, suscrito por PSOE, CiU, ERC, IU-ICV, CC y el Grupo Mixto, estas formaciones subrayan la necesidad de que se realice una "amplia campaña de información y explicación del texto constitucional". Destacan que en esta campaña deben "implicarse todas las fuerzas políticas españolas" con el fin de poder "expresar, desde sus distintas opciones políticas", su opinión sobre la Constitución europea. El Ejecutivo propuso el pasado verano modificar la Ley de Referéndum para posibilitar que los partidos recibiesen subvenciones públicas para la financiación de las campañas electorales ante estas consultas, pero el PP se opuso por no considerarlo necesario.
Desde el Tribunal de Cuentas ya se ha advertido de que, sin cambiar la actual legislación, no hay margen para que los partidos reciban subvenciones públicas para al referéndum, dado que la Ley de Financiación sólo habla de que los partidos reciben ayudas para su funcionamiento ordinario o para procesos electorales recogidos en la Ley electoral (LOREG), donde no figuran los referendos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 20 de diciembre de 2004