El Gobierno, a través de la secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, expresó ayer la "máxima protesta" por la decisión de la Audiencia de Barcelona de excarcelar al imam de Fuengirola, Mohamed Kamal Mostafa,condenado a un año y tres meses de prisión por un delito de incitación a la violencia por razón de sexo. "No se puede plantear un curso como una medida sustitutiva de la pena privativa de libertad", dijo Murillo. "Sí se puede aplicar como una medida complementaria, pero en casos de violencia doméstica deben aplicarse las penas con contundencia", añadió. Murillo aseguró que este tipo de decisiones aumentan la imagen de tolerancia de la judicatura en relación al fenómeno de la violencia contra las mujeres. "No compartimos esta decisión", aseguró. También recordó que la Ley Integral contra la Violencia de Género, que será definitivamente aprobada el miércoles, impide la sustitución de penas de cárcel en delitos de malos tratos.
La portavoz de la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, Angeles Alvarez, calificó de "despropósito" la decisión de dejar en libertad al imán de Fuengirola. La secretaria general de Igualdad del PSOE, María Isabel Montaño, aseguró que lo ocurrido genera "alarma social".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 21 de diciembre de 2004