Diversos miembros del Consell y cargos del PP valenciano han reiterado en las últimas semanas que el recrudecimiento del conflicto lingüístico obedece a la actuación del Gobierno español respecto a la presencia del valenciano en la Unión Europea, reflejada en un memorándum presentado por el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y al "chantaje" de Josep Lluís Carod Rovira de condicionar el apoyo de Esquerra Republicana a los presupuestos del Estado al reconocimiento de la unidad lingüística. Una situación agravada por unas declaraciones del líder independentista relativas a la supuesta inexistencia del valenciano, si bien su partido defiende la doble denominación "valenciano / catalán" o a la inversa.
Pero una hojeada a la hemeroteca rescata exigencias y declaraciones de cargos del PP contrarias al trabajo de la Acadèmia Valenciana de la Llengua meses antes de que estallara la polémica del valenciano en Europa. El 25 de junio, la Acadèmia aprobó con 17 votos a favor, uno en contra y una abstención, elaborar una ponencia sobre la entidad y denominación del valenciano. No se trataba de cambiar el nombre sino de dar respuesta a un problema surgido al redactar el diccionario y definir conceptos, siempre respetando los dictados filológicos.
La reacción del PP valenciano fue inmediata. Salió en tromba en contra de que la Acadèmia se pronunciase sobre la materia. Las presiones sobre el ente normativo se sucedieron. El propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, dijo el 26 de junio que se reuniría con la presidenta de la Acadèmia para que le explicase el contenido de la ponencia y rechazó cualquier discusión sobre el nombre de la lengua. El Grupo Popular en las Cortes anunció una proposición no de ley para que la Acadèmia no elaborase el dictamen. El portavoz parlamentario popular, Serafín Castellano, calificó el 3 de julio de "ofensa al pueblo valenciano" el propósito de la Acadèmia, que abogaba desde un principio por la denominación de valenciano como la legal y tradicional. Otros cargos del PP, como el presidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner, salieron a la palestra.
Pasó el verano, llegó el otoño y se calentó aún más el ambiente. El 8 de noviembre, mes y medio antes de que el consejero de Cultura, Alejandro Font de Mora, amenazara este miércoles a los académicos con medidas "judiciales y legislativas" en caso de aprobar el dictamen, el consejero portavoz del Consell, Esteban González Pons, calificó de "gansteril" y de actitud "propia del matonismo parlamentario" la amenaza de Carod de no votar los presupuestos. Un semana después, González Pons exigió al Gobierno que afirmara en declaración pública que no estaba negociando con las señas de identidad del pueblo valenciano "por un puñado de votos".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de diciembre de 2004