La juez instructora del caso Atutxa, Nekane Bolado, no tiene ninguna duda de que en la presente causa "se ha pretendido ventilar y poner en juego algo más que una mera responsabilidad penal". "Esto es tan evidente que no necesita mayor explicación", indica en su auto. Y añade que ha realizado un "análisis riguroso de la fundamentación de la imputación" realizada por el Ministerio Fiscal y Manos Limpias, "máxime atendiendo al efecto estigmatizador de la publicidad derivada de la imputación judicial y el carácter de aforados" de las personas querelladas. La crítica de la instructora casa con el análisis que desde los partidos nacionalistas y Ezker Batua han realizado siempre acerca de la "instrumentalización de la Justicia" por parte del Gobierno del PP en la anterior legislatura. Bolado defiende el "equilibrio justo y exquisito que ha de mantenerse para que no sirva la Administración de Justicia como filtro de otras responsabilidades de cualquier tipo, ya sean políticas o administrativas".
Para la juez, "la responsabilidad política de los gobernantes nada tiene que ver con la responsabilidad criminal de los mismos", en lo que sólo cabe interpretar como una censura abierta a la utilización espuria de los tribunales para resolver cuestiones políticas, lo que se ha convenido en definir como la judicialización de la política. Bolado, de hecho, siempre ha mantenido, y así lo expresó en su voto particular, que en este caso no había "indicios racionales de criminalidad en la actuación de los querellados que justificaran la apertura de causa penal".
Y para dar más consistencia a esta crítica, la instructora invoca un auto de 14 de noviembre de 1996 del alto tribunal firmado por el actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en el que se afirma que "hay que evitar que el proceso penal se utilice como instrumento de contienda política". Y añade dos autos del Supremo de diciembre de 1992 en los que se calificaba de "inaceptable" que se "utilice la vía penal para dar solución a conflictos que, en su caso, han de tener acogida en otros órdenes jurisdiccionales".
Manos Limpias anunció ayer que presentará recurso, lo que deja la decisión final sobre esta causa a la Sala Civil y Penal del alto tribunal vasco, que preside Fernando Ruiz Piñeiro, presidente también del Superior, y está compuesta por los magistrados Antonio García y Roberto Saiz. La Fiscalía estudiaba ayer también presentar un recurso.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de diciembre de 2004