"La dignidad y los derechos inviolables de la persona son valores que todo militar tiene obligación de respetar y derecho a exigir. En ningún caso estará sometido, ni someterá a otros, a medidas que supongan menoscabo de la dignidad personal". Así lo dispone el nuevo Código de Conducta de las Fuerzas Armadas, incluido en el anteproyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional, que el Consejo de Ministros se propone remitir al Parlamento "en las próximas semanas", según anunció el pasado jueves el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
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El ministro de Defensa, José Bono, presume de que los miembros de las Fuerzas Armadas españolas no han tenido que hacer frente a denuncias por infligir malos tratos o torturas a prisioneros, como ha ocurrido con militares estadounidenses y británicos en Irak.
Para dejar claro que este comportamiento no sería tolerado en ningún caso, el Gobierno se propone dotar a los militares de unas reglas de conducta que actualicen y simplifiquen las que figuran en las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, que se aprobaron en diciembre de 1978, coincidiendo con la promulgación de la Constitutición.
El Código de Conducta ocupa uno de los títulos del borrador del anteproyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Su objetivo es "fomentar y exigir el exacto cumplimiento del deber [...] inspirado en los principios constitucionales, en el amor a la Patria y en el honor, disciplina y valor".
La "integración en la sociedad" es el primer principio que proclama. "Las Fuerzas Armadas fomentarán su consideración como parte relevante de la sociedad española y su identificación con los valores democráticos de la misma", afirma.
En todo tipo de operaciones, subraya, actuarán "alentadas por la legitimidad de la causa y el apoyo de la sociedad [y] ajustarán su conducta al respeto a las personas, al bien común y al derecho de gentes".
Disciplina y convencimiento
La disciplina, "que tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución", es la principal norma de actuación de las Fuerzas Armadas, pero el código aboga por "una adhesión racional del militar a sus reglas" y por "una disciplina basada en el convencimiento".
"Todo mando tiene el deber de exigir obediencia a sus subordinados y el derecho a que se respete su autoridad, pero no podrá ordenar actos contrarios a las leyes y usos aplicables en confrontaciones armadas o que constituyan delito", agrega.
Como ya hacían las Reales Ordenanzas, advierte de que, cuando las órdenes sean "manifiestamente contrarias" a las leyes o constituyan delito, "en particular contra la Constitución, el militar no está obligado a obedecerlas. En todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión".
Frente a la obsesión por el secreto de la legislación vigente, el código pide a los militares que mantengan "una comunicación veraz y oportuna en todos los ámbitos, compatible con la seguridad, especialmente en las relaciones con la sociedad civil".
También señala que actuarán "con lealtad y compañerismo", tanto en la defensa de España como el cumplimiento de misiones internacionales, en las que "se sentirán instrumentos de la nación española".
Ello sin olvidar que "la disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la propia vida, constituye el primero y más fundamental deber de todo militar".
El único punto del código que limita los derechos de los militares es el que señala: "Los miembros de las Fuerzas Armadas deberán mantener neutralidad política y abstenerse del recurso a la acción sindical".
La prohibición de que los militares en activo puedan afiliarse a sindicatos o presentarse a las elecciones a Cortes se deriva de la Constitución, pero no así la de formar "asociaciones con finalidad reivindicativa", que se incluyó en las Reales Ordenanzas y ha sido desautorizada por el Tribunal Constitucional.
El borrador de la ley señala que el Gobierno, "mediante real decreto, procederá a desarrollar este Código de Conducta en las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas", lo que significa que éstas deberán ser totalmente reformadas.
Sin embargo, la disposición derogatoria del borrador mantiene en vigor un tratado de las Reales Ordenanzas, precisamente el que recorta los derechos civiles y políticos de los militares. Incluido el de asociación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de enero de 2005