El Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat recurrirán al sector privado para financiar y ejecutar el plan de El Cabanyal, que prevé prolongar Blasco Ibáñez a través del barrio. El plan lo gestionará una sociedad mercantil a la que las administraciones aportarán 18 millones de euros anuales (el coste total es de 240), según el convenio firmado por la alcaldesa, Rita Barberá, y los consejeros Gerardo Camps y Rafael Blasco.
Barberá espera que el sector privado participe en "una de las grandes apuestas" del equipo del PP, un proyecto hasta ahora de iniciativa sólo pública. Tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, que arrastran un alto endeudamiento, defendieron que empresarios y cajas de ahorro ya intervienen en otros proyectos públicos. El consejero de Economía, Gerardo Camps, citó el aeropuerto de Castellón, y Barberá la sociedad Valencia Antiga para el centro histórico. El plan de El Cabanyal, pendiente durante años de los tribunales, donde los afectados aún intentan frenarlo tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia favorable a Barberá, exige una inversión que ronda los 240 millones de euros, un coste que las arcas locales difícilmente soportarían.
El convenio firmado ayer por Barberá y los consejeros de Economía, Gerardo Camps, y Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, prevé la constitución de una sociedad mercantil, a la que cada Administración aportará anualmente nueve millones de euros. Además, ejecutarán directamente algunas actuaciones. El capital privado, según aclaró el concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, podrá entrar en el accionariado de la sociedad -de mayoría pública- y actuar "en todos los ámbitos" del plan. La "invitación" se dirige fundamentalmente a entidades financieras y empresas de servicios.
El plan de reforma integral de El Cabanyal-Canyamelar afectará a 1.603 viviendas. De ellas, 1.154 deberán ser desalojadas para conectar Blasco Ibáñez con el mar. La polémica prolongación de la avenida, junto a la "regeneración y revitalización" de la zona son los dos objetivos que encabezan el convenio, que establece también la búsqueda de "una estrategia viable de gestión urbanística" del proyecto. El acuerdo certifica también el anuncio de junio del año pasado, por el que la Generalitat decidió ampliar las ayudas de rehabilitación de centros históricos a El Cabanyal. Barberá insistió en que "el plan ya está en marcha" -hay previstas 140 viviendas de realojo- y que se llevará a cabo "sin más trabas, ni dudas, ni historias".
El portavoz socialista, Rafael Rubio, criticó que las ayudas de rehabilitación llegan con tres años de retraso, y se preguntó si habrá cambios en el plan, basado en vivienda protegida y patrimonio municipal de suelo, "para cumplir las expectativas de negocio" de los empresarios, que hasta ahora no han mostrado interés por el plan.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de enero de 2005