En meses pasados asistimos a una serie de detenciones dentro de una operación contra ETA. A 21 de noviembre eran 62 las personas detenidas, de las que la mitad habían sido puestas en libertad, muchas sin comparecer siquiera ante el juez, mientras el número de denuncias por tortura ascendía a la veintena. Desde Gesto por la Paz somos conscientes de que la opinión general opta por presuponer que este tipo de denuncias es fruto de las mismas mentiras que sustentan el fanatismo que ampara al terrorismo, pero hay hechos innegables que no podemos obviar. Los detenidos por relación con banda armada son sometidos, en la práctica totalidad de los casos, a medidas de excepción, como el periodo de incomunicación, que puede ser prolongado durante cinco días. Durante ellos el detenido es acompañado por un abogado de oficio, que no puede intervenir en los interrogatorios. Es en este espacio en el que se recogen la mayoría de las denuncias.
Es cierto que desde el autoproclamado MLNV se pretende deslegitimar el Estado de Derecho fomentando las acusaciones por torturas; en este sentido, entendemos que muchas de ellas pueden enmarcarse en esta estrategia. Sin embargo, las condenas judiciales firmes por delito de tortura ya dictadas y los informes internacionales denunciando estas prácticas (Relator de la ONU, AI, CPT), nos avalan al afirmar que no se pueden enmarcar todas las denuncias en esta estrategia de falsas acusaciones
No demos nuestra pequeña conformidad mirando hacia otro lado y asumiendo que los derechos fundamentales no son para todas las personas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de enero de 2005