Después de unos años de nacionalismo español patriotero, que se han hecho insoportables y larguísimos, parece que nos encontramos ante la oportunidad de cambiar el ciclo nacionalista por una política federal y pluralista, basada en el reconocimiento del otro, el diálogo, la negociación y el consenso democráticos. El PSOE, y en particular el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene una nueva oportunidad de avanzar en el desarrollo del Estado autonómico y en el reconocimiento de la singularidad de las nacionalidades, especialmente en lo que se refiere a la resolución del conflicto vasco y del contencioso político catalán.
La vía vasca y la vía catalana sólo se parecen en una cosa: son naciones que demandan su derecho a decidir en libertad su propio destino político en un contexto estatal y europeo plurinacional e interdependiente. A partir de aquí todo, o casi todo, es distinto. En Euskadi se está todavía en una fase de pacificación, de renuncia a la violencia como arma política, de reconciliación de la sociedad vasca, de normalización democrática del pluralismo político sin que nadie tenga que protegerse por tener una filiación o simpatía política determinadas. Se vive un proceso complejo de iniciativas positivas hacia la erradicación de la violencia etarra sin que por ello haya que considerarse cercano el final de las acciones terroristas de ETA. Ahora bien, el plan Ibarretxe no va más allá de la posición política del nacionalismo democrático vasco, que gracias a la treta Batasuna ha conseguido ser la propuesta del Parlamento vasco para la reforma del Estatuto. No representa la pluralidad política del pueblo vasco ni es resultado del consenso entre las principales fuerzas políticas vascas. Su previsible rechazo por parte del Congreso de los Diputados lo devolverá a su verdadera condición de origen: una legítima propuesta electoral del nacionalismo democrático vasco que pretende conseguir el apoyo mayoritario de la sociedad vasca en las próximas elecciones autonómicas.
En Cataluña la situación es completamente distinta. Aquí no hay conflicto pero sí un contencioso político no resuelto todavía, que implica el reconocimiento pleno de la singularidad nacional catalana y el ejercicio efectivo y pleno de la autonomía política mediante el respeto al dualismo competencial, las competencias exclusivas, la autonomía financiera y la responsabilidad fiscal. No se plantea una reforma del Estatuto fuera de los límites constitucionales, pero sí una reforma que asegure sin cortapisas el mandato constitucional que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía política. Cuatro son las condiciones indispensables para que se pueda hablar de una real y efectiva autonomía política: 1) el reconocimiento de un espacio político propio con las propias instituciones de autogobierno; 2) la garantía del dualismo competencial entre el Estado y las instituciones de gobierno de la autonomía; 3) la real, suficiente y efectiva autonomía financiera; 4) la existencia de una institución verdaderamente neutral para dirimir y resolver los conflictos de competencias entre las instituciones generales y autonómicas del Estado.
La Constitución española de 1978 permite un desarrollo del Estado autonómico que va mucho más allá de lo que realmente ha sucedido. También permite una regulación asimétrica de la autonomía política, de forma que no se pueda tratar igual lo que es diferente. Y, especialmente, reconoce la capacidad política de las instituciones autonómicas para reformar el Estatuto con la necesaria consulta o referéndum al cuerpo electoral y la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica. En este sentido, el Parlament de Cataluña ha tomado la decisión histórica de proceder a la reforma del Estatuto de 1979, siguiendo las normas y procedimientos que la Constitución y el vigente Estatuto establecen. Dentro de unos meses habrá una propuesta para la reforma, aprobada como mínimo por una mayoría de dos tercios, lo que equivale a un amplio consenso entre las fuerzas políticas catalanas.
Una propuesta de reforma del Estatuto en el marco de la Constitución española y con un apoyo parlamentario tan amplio debe tener en las Cortes Generales una recepción claramente positiva y favorable. Porque es de lógica democrática y pluralista que se respete la decisión del Parlamento autonómico catalán si se atiene a la Constitución y es fruto de un amplio consenso entre las fuerzas parlamentarias catalanas. Otra actitud equivaldría a poner en cuestión el propio ejercicio de la autonomía política en un punto tan trascendente como la elaboración de la ley institucional básica de la autonomía catalana. Estoy convencido de que en la entrevista entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, el pasado viernes, no les pasó ni un momento por la cabeza que el PSOE y el PP puedan decidir desde la Moncloa y mediante "pacto de Estado" el diseño de la reforma de la Constitución y de los Estatutos de autonomía. Esto sería como volver al aznarato. La negociación de la propuesta de reforma del Estatuto catalán en el Congreso de los Diputados debe pretender conseguir el máximo acuerdo posible pero no a costa de recortar o desdibujar normas perfectamente constitucionales, ni relegar la legítima y amplia mayoría política de la cámara catalana.
Miquel Caminal es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de enero de 2005