El PSOE de Málaga no está dispuesto a que el equipo de Gobierno zanje sin depurar responsabilidades el supuesto caso de enchufismo masivo en el centro de coordinación de emergencias. Tras las negativas del alcalde a crear una comisión de investigación y a rescatar el servicio, que gestiona por concurso la empresa Clece, el PSOE ha optado por actuar de parte para iniciar el trámite de resolución del contrato.
La portavoz socialista, Marisa Bustinduy, entregó ayer en el registro del consistorio el escrito en el que solicita la apertura del expediente de resolución del contrato. El PSOE se ha acogido al artículo 165 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales que establece que los expedientes se iniciarán de oficio, "cuando se trate de necesidades del servicio público o de exigir responsabilidades a los miembros o funcionarios de las corporaciones locales". El PSOE hizo esta petición mediante moción en el pleno del pasado 28 de enero, pero como la mayoría absoluta del PP la rechazó, ahora ha utilizado la segunda vía prevista en dicho artículo del reglamento, que contempla el inicio de los expedientes "a instancia de parte, cuando se promuevan para resolver pretensiones deducidas por los particulares".
La petición de parte no significa la apertura automática del trámite, pero el equipo de Gobierno dispone ahora de 10 días para decidir si le da curso o no, y en ese caso deberá dar "argumentos razonados que entren en el fondo de la cuestión, que hasta ahora ha eludido", según Bustinduy.
El PSOE insiste en que existen "dudas razonables" sobre el incumplimiento por parte de la concesionaria del pliego de condiciones del concurso. "La empresa obtuvo una puntuación que fue determinante para la adjudicación por las personas que iba a contratar, que no son las que al final están contratadas en el servicio", argumenta el PSOE, que recuerda que el Ayuntamiento debía dar su visto bueno a la lista de contrataciones y que cualquier modificación posterior de las personas asignadas "deberán ser aceptadas por el Ayuntamiento".
Dos personas que participaron en los cursos de formación y que finalmente no fueron contratadas denunciaron que los contratos habían sido para familiares y personas relacionadas con mandos del sindicato Unión de Policía Local y Bomberos (UPLB). El alcalde, Francisco De la Torre, dijo ayer que en abril expira el contrato con Clece que no será renovado, por lo que no merece la pena iniciar ningún procedimiento.
Pero para Bustinduy resulta "imprescindible" aclarar lo que ha ocurrido, "porque si ha habido incumplimientos hay que tomar medidas y dar ejemplo, y si el contrato se acaba estamos más obligados a actuar".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de febrero de 2005