El grupo municipal de Izquierda Unida cree que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada (PP) ha cerrado en falso la investigación sobre el derribo municipal en el que falleció un trabajador ecuatoriano en situación irregular el pasado 21 de diciembre. Su portavoz, Lola Ruiz, exigió ayer al alcalde, José Torres Hurtado, que en el plazo de una semana le entregue toda la documentación relacionada con el derribo con el fin "de esclarecer el suceso y conocer toda la verdad para buscar soluciones y evitar que vuelvan a ocurrir accidentes como éste". "La ausencia de una respuesta clara", afirmó Ruiz, "obedecería a la necesidad de ocultar algo, y, en ese caso pediríamos la dimisión del concejal de Urbanismo [Luis Gerardo García-Royo]".
IU quiere una copia de los informes que la Policía Local y los Bomberos hicieron sobre el accidente el día en que se produjo. El primero de ellos aseguraba que la demolición se realizó sin que los trabajadores tuvieran casco y calzado adecuado, y sin el material necesario para este tipo de obras. Los concejales de la coalición reclaman además que se expliquen las actuaciones que llevó a cabo el municipio desde el 21 de octubre, cuando los vecinos del inmueble contiguo denunciaron que las obras se hacían "sin las más elementales medidas de seguridad" y avisaron de que podrían causar desgracias personales. El Ayuntamiento mandó un inspector a la demolición, pero en el expediente no consta su informe (sólo unas fotos).
Los concejales de IU piden además documentación escrita del seguimiento que García-Royo hizo de la obra de la cuesta de Gomérez, así como del protocolo de seguimiento del resto de ejecuciones subsidiarias municipales. También exigen las actas de las demás obras realizadas por la contratista municipal, Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L., que el Ayuntamiento suspendió el 14 de enero, y la razón por la que esa suspensión no se acordó en la junta de gobierno local inmediatamente posterior al accidente (del 27 de diciembre).
Pago tras el siniestro
Además de pedir informes, IU pregunta al equipo de Gobierno por qué pagó a la contratista seis días después del accidente, cuando ya conocía la cadena de subcontratas, la falta de medidas de seguridad y la presencia de personal sin papeles. También le interroga por las razones que le llevaron a retirar de la reunión de la junta de gobierno local del 21 de enero varios expedientes de pago a Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L., por varias obras subsidiarias municipales.
Por último, IU pide documentación sobre "las actuaciones judiciales en que está inmerso el Ayuntamiento" debido a la demolición. El juzgado de Instrucción número 6 de Granada ha pedido el organigrama de cargos administrativos y políticos responsables de este tipo de obras. La Fiscalía investiga por qué el municipio sobrevaloró en un 43% el derribo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de febrero de 2005