A medida que avanzan las investigaciones sobre el incendio, el pasado 30 de diciembre, de la discoteca República Cromañón, de Buenos Aires, que ya ha causado 192 muertos, se cierra el círculo sobre el alcalde de la capital argentina, Aníbal Ibarra, para que abandone el cargo. Tras el visto bueno de la justicia argentina a la celebración de un referéndum vinculante, y ante un proceso que supone un tremendo desgaste político, el propio Ibarra ha solicitado a los tribunales que se anulen algunos trámites para que se celebre lo antes posible la votación.
Según la ley, los porteños partidarios de la destitución de Ibarra tienen que reunir 520.000 firmas -un 20% del censo electoral bonaerense- para lograr que el Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires convoque el referéndum. El proceso puede tardar casi un año, y, optando por el mal menor, el alcalde -perteneciente al Frente por un País Solidario (Frepaso)- ha solicitado la celebración inmediata de la consulta argumentando que está de acuerdo en someterse al juicio popular.
Si los jueces rechazan esta petición -por inconstitucional-, Ibarra dice que se colocará a la cabeza de quienes recogen firmas. El jefe de gabinete de Ibarra, Raúl Fernández, apuntó ayer que la votación podría celebrarse a "finales del próximo mes de abril".
No es la primera vez que se utiliza en la capital argentina la vía del referéndum para destituir al máximo responsable de la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital del país. En 2002, dos vendedores ambulantes recurrieron a esta medida tras acusar al gobernador de diversas irregularidades, pero, aunque tuvieron el visto bueno del Tribunal Superior, no lograron sumar el número de firmas mínimo para proceder a la convocatoria.
Desde el incendio de la discoteca, y ante el aluvión de críticas recibidas y tras varias manifestaciones, de nada le ha servido a Ibarra destituir a uno de sus más directos colaboradores, Juan Carlos López, como responsable de seguridad, ni tampoco varias maratonianas comparecencias -retransmitidas en directo- ante el Parlamento bonaerense. En un esfuerzo para convencer a la ciudadanía de que la Administración funciona, los inspectores han clausurado durante el último mes desde cines a parques infantiles, pasando por estadios de fútbol y el Buenos Aires Lawn Tennis, donde el lunes debería comenzar un torneo correspondiente al circuito profesional ATP.
En el plano penal, mientras la juez María Angélica Crotto investiga el incendio, cada vez aparecen más pruebas de la ineficiencia y corrupción de los mecanismos de control sobre la discoteca República Cromañón. Los sobornos a la policía iban más allá de un pago ocasional. Por ejemplo, según una mujer cuya identidad es secreta, cada noche de espectáculo una patrulla visitaba el local para, según la asistencia, cobrar un porcentaje.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de febrero de 2005