El jefe del grupo de inspectores del Banco de España en el BSCH entre febrero de 1998 y octubre de 2000, José María Lamamié de Clairac, declaró ayer ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso de las jubilaciones multimillonarias que el banco emisor no tuvo conocimiento de los contratos por los que se pagaron 43,7 y 108 millones de euros a José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, respectivamente.
Lamamié de Clairac señaló que no tuvo conocimiento del provisionamiento de esos contratos hasta que el juzgado central de la Audiencia se dirigió al Banco de España en noviembre de 2002 dándole cuenta de la apertura de diligencias previas. El jefe de inspectores dijo desconocer, por tanto, si esos contratos se provisionaron en 1999. Preguntado por el fiscal si, a su juicio, esas dotaciones estuvieron bien contabilizadas, Lamamié de Clairac eludió pronunciarse: "Teniendo en cuenta que no conozco el contrato ni su naturaleza, difícilmente puedo responder si está bien o no".
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Los ex consejeros del SCH Santiago Foncillas, Pedro Ballvé, y Fernando de Asúa, presidente de la comisión de Retribuciones del SCH, aseguraron haber tenido conocimiento del presidente, Emilio Botín, de las condiciones del bonus de Amusátegui, antes del primer consejo de administración del fusionado SCH, el 17 de abril de 1999. A preguntas de las acusaciones, Foncillas explicó que él no tenía bonus de jubilación en el Central Hispano, del que procedía, ni sabía que lo tuviera ningún otro consejero. No obstante, desveló que es beneficiario de una pensión anual de unos 300.000 euros como consejero jubilado.
Fondos de pensiones
Ballvé aseguró que él no tiene fondo de pensiones e ignora por qué Foncillas sí. Asúa señaló que la Comisión de Retribuciones no estaba constituida cuando se aprobó el contrato de Amusátegui, pero sí intervino en el de Corcóstegui para reducirlo en unos 70 millones de euros.
El vicepresidente segundo de del SCH, Matías Rodríguez Inciarte, indicó que su presidente, Emilio Botín, le dijo que le orientara para fijar el bono a Amusátegui que alcanzó finalmente 43,8 millones de euros. Rodríguez Inciarte consideró "razonable" la cifra que le comunicó Botín. Anteriormente, el letrado asesor del SCH tras la fusión, Antonio de Hoyos, declaró que escribió a mano esta cantidad "por confidencialidad".
La presidenta de Banesto y conserjera del Santander, Ana Patricia Botín, se acogió a su derecho a no declarar contra un familiar (su padre). En la vista de la tarde, también declararon los consejeros del SCH, Rodrigo Echenique y Francisco Luzón, así como José Manuel Arburúa, ex consejero, que resaltaron la diferencia entre el sueldo de consejero y el percibido en condición de ejecutivo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 8 de febrero de 2005