El proceso de regularización de inmigrantes, iniciado el lunes, tiene ya sus primeros puntos oscuros. La Subdelegación del Gobierno en Vizcaya reveló ayer la existencia de mafias que han ofrecido a los sin papeles contratos y documentación falsas. Un portavoz oficial afirmó que se han pedido 500 euros por un contrato de trabajo falsificado y 1.000 euros para facilitar un certificado de empadronamiento.
La Subdelegación de Vizcaya ha trasladado estos hechos a las Fuerzas de Seguridad para que inicien una investigación. Ante este riesgo, instó a los inmigrantes a presentar la documentación en regla y afirmó que se realizará un "seguimiento exhaustivo" de los trámites administrativos para atajar cualquier fraude.
En Vizcaya se atendieron a 649 personas el primer día del proceso. De ellas, 600 no pudieron presentar todos los documentos requeridos o se limitaron a solicitar impresos o recabar información. Un total de 48 cumplimentaron los trámites exigidos y hubo un caso que, pese a las deficiencias, insistió en presentar los papeles. Un empresario pidió la regularización de 30 personas, pero sólo cuatro cumplían los requisitos. La Subdelegación negó que haya falta de información y señaló que las quejas sobre los documentos de empadronamiento (se exige el certificado) son imputables a los ayuntamientos.
En Guipúzcoa, 26 inmigrantes presentaron en la primera jornada las solicitudes de regularización y hubo 95 peticiones de información. En Álava las consultas se elevaron a 177 y sólo se presentó una solicitud, que fue admitida.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de febrero de 2005