En una sesión parlamentaria maratoniana sobre el hundimiento producido por la construcción del metro en el barrio barcelonés del Carmel, el conseller de Política Territorial de la Generalitat, Joaquim Nadal, concluyó que el accidente "se podría haber evitado" con mayores medidas de afianzamiento que resolviesen la aparición de una falla geológica, imprevista pese a los 38 estudios geológicos realizados. De modo que el hecho, pese a la ausencia de víctimas, reviste gran gravedad y dramatismo: no se previó, pero con criterios técnicos más exigentes podría haberse prevenido.
Nadal desgranó las lógicas medidas de urgencia adoptadas, no sólo a favor de los vecinos (por fin explicó sus idas y vueltas como consecuencia de un prurito de seguridad), sino contra la desconfianza desatada respecto a las obras públicas catalanas en curso: suspensión de la construcción de la línea afectada, prohibición del método austriaco en ciudades, revisión de todos los proyectos de metro para acreditar su seguridad, examen de los contratos para evitar una "excesiva concentración de adjudicatarios", reorganización de la empresa gestora de las infraestructuras, GISA, entre otras.
Aunque el consejero habló de "error" y excluyó la negligencia y el dolo, apuntaba así, implícitamente, dos tipos de causas: un exceso de confianza de técnicos y empresas involucradas, que podrían haber anticipado problemas de haber aplicado una lente más exigente a los estudios realizados; y un espeso sistema de facto de organización y adjudicación de obra en Cataluña, enhebrado por anteriores administraciones, que dio primacía, según el consejero, a la restricción financiera sobre los aspectos técnicos.
Las primeras medidas eran imprescindibles. Pero no son suficientes. Hay que llegar al fondo de las responsabilidades: no sólo las técnicas o empresariales, sino las eventualmente políticas, afecten a este ejecutivo, al anterior o a ambos. ¿O acaso no lo merece este monumental fiasco? Lo ha prometido el tripartito, mediante el expediente informativo incoado. Debe irse más lejos, aunque sólo sea para verificar su certeza y exhaustividad. La oposición pidió una comisión de investigación parlamentaria, con razón, aunque deba versar sobre el proyecto desde su inicio y no desde su estallido, como pretende CiU: no vale negarla escudándose en que abortó muchas otras en su mandato. Las promesas de transparencia informativa formuladas ayer deben traducirse en hechos, en vez de recaer en el autoritario síndrome de restricción informativa que en demasiadas ocasiones, también en ésta, aqueja a la Generalitat de Pasqual Maragall.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de febrero de 2005