A mis 27 años, casada desde hace uno, con estudios universitarios, un empleo que me ofrece pocas garantías de estabilidad y la intención de tener hijos en un plazo no excesivamente largo, soy una de tantas y tantos ciudadanos jóvenes de este país que seguimos, con angustia, los datos relativos al precio de la vivienda. Después de tener noticia, por diversas fuentes, de la "maravillosa política de viviendas protegidas" que lleva a cabo la Generalitat (consejero Blasco: "Somos la autonomía española que más suelo ha generado para VPO") decidí pasar por la oficina del Instituto Valenciano de la Vivienda en Castellón para que me informaran sobre cómo acceder a alguna.
Me dijeron que el IVVSA tiene previstas únicamente dos promociones para Castellón, que suman 109 viviendas y que podía pasar a rellenar una solicitud cuando se abriera el plazo, pero que era realmente difícil debido a la gran demanda. Ante mi cara de estupefacción, me remitieron a la Consejería de Territorio y Vivienda, donde me debían informar de otras promociones privadas de VPO. Y es cierto, me proporcionaron un listado de varias, pero advirtiéndome que estaban todas cerradas y adjudicadas a sus propietarios. Me aconsejaron optar por las ayudas de la Generalitat para la compra de una vivienda de segunda mano. Sólo se piden dos requisitos: que la vivienda tenga un máximo de 120 m2 y un precio que no supere los 1.100 euros/m2. Llevo dos semanas buscando y todavía no he encontrado una sola vivienda.
Ahora sólo podemos esperar el, para nosotros, deseable estallido de la burbuja inmobiliaria, mientras nuestro gobierno autonómico se dedica a promover más y más campos de golf, con sus respectivas "urbanizaciones de segunda residencia".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de febrero de 2005