Si estuviera ilegalizado un partido, que fuera representante de los que justifican la violencia de género y a los racistas violentos y que, por supuesto, formaran parte de la sociedad, ¿habría que legalizarlos para que tengan la oportunidad de extender sus perversas ideas a través de su representación parlamentaria, o no sería lo mejor ignorarlos y no darles ninguna facilidad mientras no condenen la gratuita violencia que generan, ya que su presencia no es nada decisiva para el resto de la sociedad, que representa a más del 90% de la población?
Y si se les legalizara, las mujeres maltratadas y los inmigrantes apaleados, aparte de sentirse personas insultadas e intimidadas por los que les quieren ver muertos, ¿serían capaces de sentirse plenamente libres y protegidos para poder ejercer sus derechos, o tendrían miedo a llamar la atención expresando sus ideas en público?
En conclusión, en una sociedad en la que exista un partido político de maltratadores y racistas violentos, el recorte de las libertades civiles estarán siempre presente. Lo que hay que decidir es si ese recorte se hace en contra de los verdugos o en contra de sus víctimas. ¿Qué hacer.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 14 de febrero de 2005