El presidente del Tribunal Superior navarro, Juan Manuel Fernández, considera en un artículo de prensa que publicó ayer que la comisión del Parlamento foral que investigará el caso Otano tiene un "difícil encaje constitucional" y supone una "desautorización al Poder Judicial" que vulnera "derechos fundamentales que son esenciales en un sistema democrático". Fernández agrega que, vistos, los objetivos con que nace la comisión se va a producir "un nuevo enjuiciamiento público" de un asunto que ya fue juzgado en octubre de 2004 por la Audiencia de Pamplona, que terminó absolviendo a los principales implicados, Gabriel Urralburu y Antonio Aragón y a seis presuntos encubridores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de febrero de 2005