El juez Juan del Olmo, que instruye la causa sobre el 11-M, ha decidido retirar la protección policial y la asignación económica concedida al confidente asturiano Francisco Javier Lavandero en su calidad de testigo protegido, después de que éste se comprara una pistola y haya rechazado un trabajo ofrecido por la Administración para favorecer su estabilidad familiar, profesional y económica. Lavandero era el encargado de un pub a quien el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, que supuestamente facilitó los explosivos para la matanza de Madrid, preguntó en 2001 si conocía a alguien que supiera montar bombas con teléfonos móviles.
Del Olmo dictó el pasado día 15 un escrito en el que considera que el hecho de que el testigo protegido haya adquirido un arma corta (gracias a que dispone de una licencia para armas deportivas) "evidencia una capacidad económica suficiente", lo que, a su juicio, hace superfluo que mantenga un servicio de protección personal. El juez considera que el gasto efectuado por Lavandero para comprar ese arma ha sido innecesario "teniendo protección policial".
El magistrado argumenta también que el testigo protegido ha rechazado un trabajo de vigilante jurado que estaba disponible para él, a fin de que completara con ese sueldo la asignación para manutención que percibía como protegido, y tuviera estabilidad profesional y económica. Por ello, ordena que se le retire la protección a partir de hoy y que deje de percibir la compensación económica como testigo protegido a partir del próximo 31 de marzo. Además, ordena la devolución a Lavandero de las armas que en su día dejó en depósito.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de febrero de 2005