El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Huelva ha desestimado el recurso interpuesto en enero de 2004 por el PP contra el acuerdo adoptado en pleno por la Diputación onubense, que gobierna el PSOE, por el que se elegían los representantes de esta institución en el Consejo de Administración de El Monte. La sentencia declara ese acuerdo ajustado a derecho.
La Diputación, institución fundadora de El Monte, estará representada en esa entidad por 18 consejeros del PSOE y tres de Izquierda Unida (IU), como se estableció en el pleno celebrado en febrero de 2004. El Partido Popular (PP) y el Partido Andalucista (PA) se han quedado fuera.
Los consejeros de El Monte cambiaron en enero de 2004 en cumplimiento de la Ley de Cajas de Andalucía. La Diputación onubense pasó de 14 a 21 representantes en la entidad. El PP rápidamente expresó su disconformidad con el PSOE en el transcurso de la negociación previa a la sesión plenaria y rompió el diálogo, según fuentes socialistas. Los populares se negaron entonces a presentar una candidatura y recurrieron a los tribunales de Justicia.
La sentencia indica que "no se ha vulnerado el derecho de los recurrentes a participar en la toma de la decisión que se adoptó ni a hacerlo en el plano de igualdad con el resto". Y añade: "la designación ha de ser de quien obtenga mayor respaldo en el pleno".
La resolución judicial no gustó nada en el PP. Carmelo Romero, portavoz de este partido en la Diputación, dijo ayer: "Nosotros somos muy respetuosos con todas las sentencias y decisiones judiciales, independientemente de que las compartamos o no. En este caso no la compartimos: La acatamos. Pero el PSOE ha hecho en este asunto una cacicada política. Es un cacique que en vez de dar una representación democrática a todos los partidos que forman parte de la Corporación, se ha unido a IU, que sólo tiene dos diputados, y ha excluido de El Monte al PP, que cuenta con nueve diputados". Carmelo Romero recurrió a un juego de palabras: "La sentencia considera que no se ha vulnerado el principio de legalidad, pero nosotros consideramos que se ha vulnerado el principio de legalidad democrática".
La sentencia señala que contra ella se puede interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Carmelo Romero indicó que todavía no han decidido si recurrirán.
El PSOE no se pronunció ayer sobre este asunto. El presidente de la Diputación, el socialista José Cejudo, ha pospuesto las valoraciones hasta hoy.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de febrero de 2005