La Generalitat de Cataluña ha comparecido en el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona con abogado y procurador como responsable civil subsidiaria por el hundimiento del túnel del Carmel después de que el pasado día 11 la juez admitiese a trámite una querella por estragos y daños por imprudencia presentada por dos comerciantes perjudicados. La querella iba dirigida contra los responsables de varias constructoras y contra la empresa pública GISA, aunque la Administración autonómica aparecía como responsable civil subsidiaria.
Fuentes judiciales explicaron que esta imputación no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que las empresas querelladas son las principales constructoras españolas (Fomento de Construcciones, Comsa y Copisa) y, por tanto, su solvencia económica está asegurada en caso de que finalmente haya una sentencia condenatoria y deban indemnizar a los vecinos por los daños y perjuicios causados por el hundimiento del túnel del metro.
La personación de la Generalitat como responsable civil subsidiaria no impide, según las mismas fuentes, que la Administración autonómica ejerza la acusación en el proceso si, como ha anunciado, se querella contra las constructoras. Esta aparente contradicción se produce desde hace años en numerosos procesos judiciales y existe jurisprudencia que avala esta dualidad, no sólo durante la instrucción de la causa, sino también durante el juicio. En los juicios contra funcionarios, por ejemplo, es habitual que haya un abogado del Estado acusando y otro que defiende la inocencia de la Administración como responsable civil subsidiaria. Los abogados de los querellantes ya anunciaron ayer que recurrirán contra la decisión si la Generalitat opta por esta dualidad.
Por otra parte, el alcalde de Barcelona, Joan Clos, anunció ayer que el Ayuntamiento se personará en la causa judicial "para garantizar que los derechos de los vecinos estén defendidos hasta las últimas consecuencias".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de febrero de 2005