El Gobierno quiere unificar en un único arancel el conjunto de tasas que cobran los notarios y registradores, de forma que los usuarios puedan conocer de antemano lo que van a pagar por cualquier trámite. En palabras del vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, no se trata de crear una nueva tasa, sino de acabar con la "maraña" de tasas que se cobran por los actos notariales.
"El ciudadano tiene que saber lo que le va a costar y, para ello, se trata de cambiar toda la maraña actual por un arancel claro", precisó. Ese arancel "será proporcional" al coste real de gestiones como la inscripción o la modificación de hipotecas.
Para ello, se establecerán determinados baremos para que los ciudadanos puedan consultar esas tarifas, para lo que se facilitarán web especiales en Internet, según aclaró Solbes. En algunos casos, habrá una rebaja del arancel.
Entre las principales actuaciones incluidas en el Plan de Dinamización de la Economía están las dedicadas al fomento del alquiler. El Ministerio de Vivienda elevará antes del 1 de abril de 2005 al Gobierno el proyecto para la constitución de una Sociedad Pública de Alquiler, cuyo objetivo es intermediar en este mercado y dar seguridad jurídica al propietario. La previsión es que la medida se apruebe en unos 15 días.
Agencia del alquiler
Según dijo Solbes, el objetivo es "establecer un sistema de garantías para que aquellos que alquilan su vivienda se eviten las preocupaciones del cobro y de la devolución de su bien en buen estado". El Ministerio de Vivienda ya incluye en sus presupuestos de este año una partida de seis millones de euros con este fin.
Además, se modifcará la ley para que las sociedades de inversión colectiva inmobiliaria puedan realizar promoción de viviendas, de menos de 135 metros cuadrados y siempre que los inmuebles permanezcan alquilados al menos siete años (cinco años si no realizan la promoción).
Por su parte, las promotoras de viviendas en alquiler gozan de una bonificación fiscal del 85% en el impuesto de sociedades.
También se elimina la obligación para las promotoras de que un tercio de las viviendas en alquiler incorporen la opción de compra.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 26 de febrero de 2005