El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en una sentencia de la que han discrepado sus miembros más conservadores, ha puesto fin a las ejecuciones de los condenados por delitos cometidos antes de llegar a la mayoría de edad, de 18 años. Un total de 70 reos adolescentes se salvarán así de la pena capital. EE UU, donde se han llevado a cabo 19 de las 39 registradas en el mundo desde 1990, era uno de los pocos países que permitía estas ejecuciones, prohibidas por la Convención sobre los Derechos del Niño, que, vergonzosamente para una nación que dice defender los derechos humanos, nunca ha ratificado. En realidad, era una posibilidad que estaba permitida en 19 de los 50 Estados de la Unión, pero que en la última década
sólo se había llevado a la práctica en Tejas, Virginia y Oklahoma.
Desgraciadamente, la pena de muerte para los adultos se sigue aplicando en la primera potencia mundial, aunque se haya registrado una ligera disminución en los últimos años, desde el pico de 98 en 1999 a 59 el año pasado. La decisión del Supremo invierte la tomada por esta misma institución en 1989, y se ha producido a raíz del caso de un joven que asesinó a una mujer después de que le reconociera como autor de un robo en 1993 en Misuri, cuyo Supremo ya dictó sentencia en contra de la ejecución en 2003. Por cinco votos contra cuatro, el alto tribunal federal considera la práctica contraria a la Constitución y ha basado sus argumentos también en las tendencias internacionales, y los llamamientos de organizaciones religiosas o pro derechos humanos, pues, incluso ante los peores crímenes, el Estado puede privar a un joven de libertad, pero no acabar con su vida y su potencial para madurar. Los jueces discrepantes opinan que el tribunal se sitúa, indebidamente, como árbitro de los criterios morales del país y toma en cuenta jurisdicciones extranjeras.
Esto demuestra la importancia que tienen los equilibrios en el Tribunal Supremo. Si se retiran en los próximos cuatro años algunos de sus miembros más avanzados, el presidente Bush tendrá la oportunidad de nombrar a jueces afines a sus ideas y hacer pervivir más allá de su mandato su revolución conservadora.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de marzo de 2005