La óptica del análisis es distinta, pero la conclusión es coincidente entre jueces, fiscales y abogados: los equipos técnicos, entre ellos los educativos, que prevé la Ley Penal del Menor no se han puesto en marcha cinco años después de su entrada en vigor. Así lo manifestaron ayer, entre otros, el magistrado Francisco Mejías, la fiscal Teresa Gisbert y el abogado Rafael Iniesta en su intervención en un curso sobre la violencia doméstica y los menores.
Los profesionales analizaron la necesidad de reformar la ley penal del menor, a la que se ha mostrado receptivo el Gobierno y sobre la que ellos se manifiestan en contra porque entienden que el texto no ha podido aún demostrar sus capacidades por el corto recorrido y por las carencias de medios esenciales para que se desarrolle.
Mejías advirtió del error de la Ley 1/2004 sobre la violencia contra las mujeres porque no reconoce la mediación como una oportunidad de abordar los problemas, porque en su formulación podría suponer, como han alertado otros jueces, un atajo cuando los juzgados ordinarios de familia se demoren en resolver un procedimiento de separación al vincular directamente la resolución rápida del mismo con una denuncia de agresión.
Gisbert advirtió igualmente de una posible disfunción de la nueva ley al no discriminar al menor como un sujeto individual víctima de la violencia y estar directamente ligado a la consideración que de la misma se haga sobre la mujer.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de marzo de 2005