La oficina del Defensor del Pueblo andaluz ha recibido 12 quejas de inmigrantes que han sido despedidos de sus puestos de trabajo tras iniciarse el proceso de regularización de inmigrantes. "La mayoría de empresarios está cumpliendo pero hay algunos que han perdido la vergüenza, que despide a sus trabajadores para no regularizarlos", aseguró el defensor, José Chamizo.
Según explicó, son inmigrantes que, tras trabajar durante uno o dos años, han sido despedidos cuando los empresarios se han visto en la obligación de regularizar su situación. "Les han dicho que se marchen porque no están dispuestos a asumir los costes de ese proceso. Me parece una decisión cruel", lamentó Chamizo, quien calificó esta postura también como un "acto de gran torpeza" porque no entiende cómo van a suplir ahora esa mano de obra que les falta.
El Ministerio de Trabajo reveló que, a fecha de 7 de marzo, un mes después de iniciarse el proceso, Andalucía es la cuarta comunidad en número de solicitudes, con 9.450, por debajo de Madrid (33.000), Cataluña (25.000) y Valencia (16.000). Según Chamizo, las cifras están siendo "bajas" en la comunidad porque "muchos inmigrantes en Andalucía no disponen de certificado de empadronamiento", un trámite imprescindible para la regularización, pero que en esta comunidad autónoma no fue necesario para obtener otras ventajas, como la tarjeta sanitaria. "Hemos llamado ya a medio mundo para tratar de arreglar esto y estamos esperando. Si no es en este proceso, esperamos que se cuente en otra ocasión con otros medios que certifiquen el arraigo laboral y social", deseó el defensor. Para Chamizo, la regularización no ha alcanzado los objetivos en el sector de la construcción pero sí entre los empleados del hogar y en la hostelería.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de marzo de 2005